Elizalde: "Un proyecto progresista debe apartarse de cualquier gobierno autoritario en el mundo"

El exministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), abordó el escenario de la oposición frente al gobierno de José Antonio Kast y defendió la necesidad de avanzar hacia una mayor unidad del progresismo, aunque reconoce que existen diferencias entre sus distintos sectores.

En ese contexto, plantea que una eventual coalición de mayoría no puede limitarse a la suma de partidos, sino que debe levantar un proyecto de país con énfasis en la democracia, los derechos sociales, el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades.

En conversación con BBCL, uno de sus principales cuestionamientos apunta a la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Ejecutivo. El extitular de Interior califica la iniciativa como “mala” y, ejemplificando con la propuesta de Estado de Excepción, asegura que se trata de la “primera muestra explícita” de una vocación “iliberal” de la administración Kast.

Además, cuestiona la preparación con que La Moneda habría enfrentado la agenda de seguridad y acusa cierta improvisación. En paralelo, aborda la interna del Partido Socialista y descarta competir por la presidencia de la colectividad.

Álvaro Elizalde (PS) y la apuesta por una oposición unida

—¿La izquierda está realmente haciendo oposición a la administración Kast o, a cinco meses del inicio del gobierno, todavía sigue buscando cómo articularse? ¿Cuál es su evaluación?

La oposición es diversa, hay matices, hay diferencias, pero también hay visiones compartidas. En ese contexto, creo que ha habido importantes grados de unidad, sobre todo porque las propuestas que ha formulado el gobierno están lejos de responder a lo que realmente el país necesita. La reforma tributaria impulsada por el ministro (Jorge) Quiroz, presentada como un Plan de Reconstrucción, pero que en rigor es una iniciativa que tiene por objeto transferir recursos en favor de los sectores más pudientes, perjudicando las políticas sociales que benefician a los sectores medios y más vulnerables, fue rechazada prácticamente por todos los actores de la oposición. En lo que respecta a la reforma constitucional de seguridad, las voces críticas incluso han ido más allá de los actores del progresismo. De hecho, hay sectores que apoyan al gobierno que han sido muy críticos ante esta mala iniciativa. Los esfuerzos tienen que consistir en seguir generando los mayores grados de unidad, entendiendo eso sí que existe diversidad y matices que son propias de un sector político que promueve la democracia y, por tanto, las distintas formas de expresión que existen en la sociedad chilena.

—Mirando el escenario actual, ¿qué tendría que hacer la oposición para que en cuatro años Kast no tenga una alternativa de derecha como principal opción de continuidad?

Por cierto que hay que trabajar por la unidad, pero una coalición con vocación de mayoría no se construye solo con la suma de siglas y, por tanto, se requiere adicionalmente formular una propuesta de país sobre la base de los principios y valores en los cuales creemos. Un proyecto progresista para Chile debiera tener las siguientes características: En primer lugar, un compromiso irrestricto con la democracia y, por tanto, apartarse de cualquier experiencia en el mundo de gobiernos con algún tipo de deriva autoritaria. En segundo lugar, el programa debiera estar sustentado en la promoción de los derechos humanos, no solo las libertades civiles y políticas, sino también los derechos sociales. En tercer lugar, debiera tener una clara vocación transformadora, esto es, políticas públicas que enfrenten con decisión las desigualdades para construir una sociedad con mayor cohesión social. Y en cuarto lugar, entender cómo funciona la economía moderna y cuál va a ser el impacto que van a tener la inteligencia artificial y la robótica, por ejemplo, en el empleo. Desde esa perspectiva, generar condiciones para que la economía chilena sea competitiva en un mundo globalizado, promover la inversión y el crecimiento económico y de esa forma tener políticas redistributivas que nos permitan construir un país con mayor justicia social.

—En este proyecto progresista con estas características, ¿complicaría la relación muchas veces controvertida que tiene el Partido Comunista con Cuba?

Es parte del debate que hay que tener en el seno del progresismo. Obviamente, hay otros temas más, pero si uno analiza lo que ha sido la postura explícita que han planteado la mayor parte de los actores del progresismo, lo que existe es más bien una mayoría consistente que está comprometida con la promoción de los derechos humanos y la democracia en todas partes.

—El expresidente Gabriel Boric ha planteado que no comparte la idea de que la izquierda deba moderarse para intentar conquistar al centro, señalando que “esa idea no lleva a ninguna parte”. ¿Usted comparte esa mirada o cree que la izquierda, particularmente el PS, necesita moderar algunas de sus posiciones para volver a conectar con un electorado más amplio?

Yo distinguiría. En primer lugar, lo que la sociedad chilena exige son más bien definiciones y, en ese sentido, hay que tener una propuesta clara y nítida respecto de lo que representamos y lo que proponemos para el país. Desde esa perspectiva estoy de acuerdo con lo que plantea el expresidente Boric, pero eso no obsta a que existan matices y diversidades dentro de los actores del progresismo y la mayoría se construye sobre la base precisamente de la convergencia que se genera reconociendo esa diversidad.

—En una entrevista con este mismo medio, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, dijo que su anhelo es ser parte de una gran coalición desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. ¿Cuál es su postura al respecto? (…) ¿Es algo que se ha discutido en la interna del PS?

Sí, estoy completamente de acuerdo. Eso no obsta para que, en la construcción de una coalición con vocación de mayoría, tengamos que debatir y procesar las legítimas diferencias que existen entre los distintos actores del progresismo. Me parece que es fundamental la unidad sin exclusiones de todos los actores que están comprometidos con los cambios que Chile necesita.

Una reforma de seguridad “iliberal”

—Ha cuestionado la reforma de seguridad del Ejecutivo y ha dicho que, si fuera senador, votaría en contra de la idea de legislar. ¿No hay nada que rescate de la iniciativa?

Es una mala reforma. Por un lado, es redundante, toda vez que plantea normas que no son necesarias en el marco constitucional vigente. Hay una opinión generalizada del mundo académico respecto de que la Constitución establece la obligación del Estado de proteger la seguridad de las personas. Y en lo que innova, representa propuestas que se han denominado iliberales, esto es, que van vaciando a la democracia de contenido, que pasan a llevar los contrapesos y límites que deben existir en el ejercicio del poder en un sistema verdaderamente democrático. El Estado de Excepción que plantea, por un lado, no tiene controles parlamentarios periódicos, se puede extender hasta por 240 días para que recién sea necesaria la ratificación del Congreso y, adicionalmente, permite no solo restringir, sino que suspender derechos y libertades establecidas en la Constitución. Un instrumento de esta naturaleza podría ser mal utilizado porque estamos hablando de una norma que va a tener carácter permanente. Sin lugar a dudas, constituye la primera muestra explícita de una vocación iliberal de parte del gobierno del presidente Kast.

—¿A qué atribuye que el gobierno haya formulado una propuesta de Estado de Excepción con características tan controvertidas, al punto de generar cuestionamientos incluso dentro de sectores de derecha, como los planteados por Johannes Kaiser?

Es evidente que el gobierno el 11 de marzo no tenía una propuesta para abordar los desafíos en materia de seguridad. Llama la atención toda vez que el presidente Kast participó en tres campañas presidenciales y en las tres hizo de la seguridad un eje central de su campaña. Sin embargo, tal como lo reconoció la exministra (Trinidad) Steiner, no tenían ninguna propuesta específica y concreta que pudiera llevarse adelante. En ese contexto, tras el cambio de gabinete, el ministro (Martín) Arrau tuvo que, con cierto nivel de improvisación, presentar una propuesta y creo que el gobierno optó por lo que comunicacionalmente era más rentable y más efectista, pero no lo más efectivo para enfrentar la delincuencia. Presentaron esta mala reforma constitucional que ha sido transversalmente criticada.

—¿Echó de menos el levantamiento del secreto bancario en esta propuesta?

Creo que en esta propuesta no se pone adecuado énfasis para seguir la ruta del dinero ilícito y, por tanto, determinar quiénes son los beneficiarios finales de las redes delictuales y del crimen organizado que operan en el país y que muchas veces están a miles de kilómetros de distancia. Si queremos ser eficientes en la lucha contra el delito, no basta con detener y sancionar a quienes cometen los delitos a nivel territorial; se requiere ir tras los cabecillas, porque en caso contrario reemplazan sucesivas veces a quienes cometen estos delitos en las distintas zonas de Chile y es un cuento de nunca acabar. Junto con garantizar la sanción efectiva de quienes cometen delitos en nuestro país, es necesario contar con herramientas que permitan detectar y neutralizar la logística económica sobre la cual funcionan estas organizaciones criminales.

—¿La respuesta del gobierno frente a las declaraciones provenientes de Argentina sobre la soberanía de Magallanes fue suficientemente firme o esperaba una reacción más contundente?

Creo que el Gobierno de Chile fue explícito respecto a la postura de nuestro país y es muy importante insistir en la necesidad de siempre respetar los tratados. Chile respeta la ley internacional, Chile es un país que cumple su palabra, Chile es un país que siempre ha promovido el respeto a los tratados y particularmente los tratados que tenemos con Argentina que se encuentran actualmente vigentes.

—El senador Rodolfo Carter planteó la necesidad de considerar a las Fuerzas Armadas en el contexto de la controversia con Argentina. Desde su experiencia como exministro del Interior, ¿cómo evalúa ese planteamiento? ¿Cree que es necesario abrir esa discusión o que este tipo de situaciones debe seguir abordándose por los canales diplomáticos e institucionales?

Creo que hay una tendencia en algunos parlamentarios a decir frases grandilocuentes con el objeto de generar atención comunicacional y el aplauso fácil, pero lo que corresponde en esta materia es tratarla a través de los canales diplomáticos. La diplomacia, por definición, es la primera herramienta que tiene nuestro país para defender sus intereses y para defender sus puntos de vista y, por tanto, escalar con una perspectiva militar la controversia que se ha generado me parece inadecuado en esta etapa.

La interna del Partido Socialista y la casa del presidente Salvador Allende

—¿Qué opinión le merece la decisión de Fidel Espinoza de renunciar a la bancada de senadores del PS y, sobre todo, el mensaje que entregó al hacerlo? ¿Qué tan fragmentada cree que queda la interna socialista después de este episodio y de las diferencias que se han ido acumulando en el partido?

Yo espero que el Partido Socialista tenga capacidad para ir resolviendo sus distintos asuntos a través de los organismos regulares correspondientes. Estas son tareas que le corresponde finalmente encabezar a la mesa directiva.

—¿Y ud. cómo evalúa la gestión de la actual mesa directiva?

No me corresponde a mí emitir un juicio de esa naturaleza. Yo lo que he señalado, a propósito de la elección interna, que va a ser en abril, corresponde que apoyemos a quienes han sido elegidos como integrantes de la directiva.

—¿Se proyecta participando en una lista?

He señalado que no está en mis planes ser candidato a la presidencia del Partido Socialista.

—Usted ha defendido en distintas ocasiones la importancia de preservar la memoria histórica. Por eso, más allá del legítimo derecho de la familia Allende a disponer de sus bienes, ¿qué reflexión le merece que una casa vinculada a Salvador Allende, con toda su carga histórica, termine en una transacción privada para convertirse en oficinas?

En primer lugar, creo que la familia Allende fue víctima de críticas injustas. Se planteó respecto a la adquisición de la casa del presidente Salvador Allende una serie de cuestionamientos, por ejemplo, respecto a su precio. Pero lo cierto es que el Estado de Chile la iba a adquirir a un precio menor que el de mercado. La familia Allende no es una familia de grandes recursos y, por tanto, han tomado esta decisión porque se caracterizan por una vida de probidad y de honestidad a toda prueba desde siempre. A mí me parece que, como política pública, habría sido positivo que no solo en la casa del presidente Salvador Allende, sino que también en la que fue la casa del presidente Patricio Aylwin y otros destacados mandatarios, pudieran haber establecido casas museo vinculadas a la memoria y el patrimonio histórico de nuestro país. Lamentablemente, eso no prosperó por razones de público conocimiento. Pero ha quedado demostrado, a propósito del contrato que se ha hecho público, que la familia Allende no estaba haciendo un negocio, sino que estaba legítimamente poniendo a disposición la casa conforme al precio que tiene, entendiendo que para la familia Allende, que no es una familia de grandes recursos, es un patrimonio importante.

Quiero además destacar que la familia Allende ha tomado la decisión de que aquella parte del mobiliario que actualmente se encuentra en la propiedad y que posee un especial valor histórico pueda ser resguardada, preservada y puesta a disposición de la ciudadanía de manera que puedan ser exhibidos y conocidos por las nuevas generaciones como parte de la historia del presidente Allende y de nuestro país y, por tanto, si bien el inmueble como tal va a ser adquirido por un privado, el mobiliario relevante desde el punto de vista histórico va a ser aportado por la familia para que puedan ser exhibidos y conocidos por las personas que así lo estimen conveniente.