En entrevista con BioBioChile, el senador Javier Macaya (UDI) analiza los principales temas de la contingencia política, desde la tramitación de la megarreforma y el rechazo a la acusación constitucional contra Nicolás Grau hasta las diferencias dentro del oficialismo.
El senador Javier Macaya (UDI) conversa con este medio en una semana marcada por el rechazo a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau; la búsqueda de acuerdos por la megarreforma; y el informe de Contraloría que determinó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, actuó fuera de sus atribuciones.
El extimonel gremialista da vuelta la página tras el contundente rechazo del libelo contra Grau, asegurando que “en unos meses más, probablemente nadie se acordará de esta acusación”. En tanto, respecto a la posibilidad de que la AC se utilice contra Steinert, dice que espera que los diputados reflexionen “sobre el abuso que significa esta herramienta”.
Frente a las marcadas diferencias que dejó ver la acusación en el oficialismo, Macaya las desdramatiza y asegura que hay que “aprovechar estos dos años sin elecciones para que al Gobierno le vaya bien”. En cuanto a las críticas de la excandidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, al Gobierno, afirma que en estas “no representa a la UDI”.
Por otra parte, el también presidente de la Comisión de Hacienda del Senado da por segura la aprobación de la denominada megarreforma y valora la disposición al diálogo del Gobierno. No obstante, remarca que el proyecto “se va a quedar corto en lo que necesitamos, sobre todo en el reimpulso del mercado laboral”.
Por último, al referirse al proyecto que busca indultar a todos los uniformados condenados por hechos del estallido social, plantea dudas respecto de si contará con los votos necesarios para avanzar. Además, sobre la facultad presidencial para conceder indultos, advierte que “si se abusa de ella, es un error que pagan caro los gobiernos”.
AC contra Grau y diferencias en el oficialismo
—Esta semana, el Senado rechazó la acusación constitucional contra el exministro Grau. ¿Qué conclusiones saca de esa votación? ¿Considera que fue un fracaso para el oficialismo?
Yo creo que la acusación constitucional tenía como objetivo dejar establecida una responsabilidad que, a mi juicio, hoy día en Chile nadie duda. Más allá de que muchos compartimos los reparos por el abuso que se ha hecho de la herramienta de la acusación constitucional, sin lugar a duda el gobierno anterior fue la administración fiscal más irresponsable de la que Chile tenga memoria en la historia reciente. Por lo tanto, desde la perspectiva de sus fundamentos era correcto, pero ahora que está superada esta etapa, es importante que nos enfoquemos en los objetivos que tiene este gobierno, que son la recuperación de la actividad económica y el equilibrio fiscal.
—Si bien la crítica está, ¿el llevarla al plano de una acusación constitucional no fue un error?
Yo creo que tiene poco sentido y, en unos meses más, probablemente nadie se acordará de esta acusación constitucional. Creo que se trata de una discusión que, mantenerla, raya en lo absurdo, considerando los desafíos que tiene hoy día el gobierno de sacar adelante la economía y derrotar la delincuencia, que son los dos principales desafíos. Y no tengo ninguna duda de que enfocarse ahora en lo prioritario, que es la aprobación de la reforma de reconstrucción económica, es el principal desafío. Pasado ya el capítulo de la acusación constitucional, todas las energías deben estar concentradas en la aprobación de ese proyecto.
—Su idea, entiendo, es pasar la página; pero tras la votación se habló de las diferencias que hay dentro del oficialismo. ¿Usted cree que se profundizaron estas diferencias con la acusación?
Yo creo que hoy día, en el oficialismo, o en las fuerzas que quieren que a este Gobierno le vaya bien, caben desde Johannes Kaiser hasta el Partido Demócratas. Son fuerzas muy amplias que yo identifico con el 62% del rechazo del año 2022. Y eso es algo que hay que aprovechar, pero también hay que entender sus diferencias.
Yo encuentro legítimo que existan diferencias en proyectos puntuales, en una acusación constitucional, pero en el proyecto de fondo, que es la capacidad de recuperar la economía y derrotar la delincuencia, no debe haber matices. Y las pruebas más importantes que se han dado, en el tema del proyecto de reconstrucción y el empuje de la agenda de seguridad, hemos tenido pocas diferencias.
Las diferencias a propósito de la acusación constitucional o de algunas agendas que pueden impulsar algunos partidos, a mí no me parecen relevantes. Sobre todo porque la discusión de tener una gran coalición más articulada va a ser importante recién en 2028, cuando Chile tenga elecciones. Tenemos que aprovechar estos dos años sin elecciones para que al gobierno le vaya bien. Si al Gobierno le va bien y está sobre el 40% de aprobación en 2028 para las municipales, todos van a querer generar una gran coalición, primarias y candidatura única. Si eso no ocurre, va a haber desorden. Por lo tanto, hoy día el desafío es que el gobierno tenga el timón firme, recupere la economía y combata con mayor fuerza la delincuencia.
—Ahora, ¿cuál es su opinión de las críticas que ha hecho Evelyn Matthei? ¿Usted las comparte? ¿La UDI está alineada detrás de la excandidata? Porque, en parte, ahí surgieron diferencias fuertes.
En esas críticas, ella no representa a la UDI. Las hace a título personal, se respeta, pero a nosotros nos parece que hoy día distintos actores de este gran 62% evidentemente pueden tener matices sobre cómo se está llevando a cabo la agenda. Pero la UDI está apoyando con mucha fuerza, probablemente como uno de los partidos más leales al gobierno, al trabajo que está desempeñando.
—¿Ya no es Matthei una líder del sector?
No. Lo que pasa es que en esas críticas no representa a la UDI.
Javier Macaya y eventual AC contra Steinert
—A propósito del oficiode la Contraloría, desde la oposición no han descartado presentar una acusación constitucional contra la exministra Steinert. ¿Cree que el intento contra Grau abrió la puerta a esta ofensiva? ¿Qué opinión le merece esa posibilidad?
A ver, yo soy de los que suscribí un proyecto de Luciano Cruz-Coke para tratar de tener más regulación en una herramienta de la cual se ha abusado en los últimos años. También suscribo y he apoyado un proyecto de la senadora Yasna Provoste respecto de la inhabilidad que muchas veces se genera como un castigo absolutamente excesivo para quienes son sancionados tras una acusación constitucional. Creo que es una herramienta que se tiene que perfeccionar, pero mientras exista es legítima y espero que no se siga haciendo un uso abusivo de la misma. Eso es parte de la reflexión que ojalá nos haya dejado la acusación constitucional contra el ministro Grau.
—¿Y usted cree que sería un abuso de esta herramienta en el caso de Steinert?
Ojalá que sea parte de la reflexión que hayan dejado las últimas acusaciones constitucionales. Yo espero que los diputados, porque esta es una facultad de los diputados, puedan reflexionar sobre el abuso que significa esta herramienta.
“Hay que aprobar rápido la megarreforma”
—Tras la votación de la acusación, y como se dio la mayoría en el Senado, ¿cree que se ve aún más difícil la aprobación de la megarreforma? ¿O será distinto?
Yo creo que hay que aprobar rápido la megarreforma, que los votos están (…). Yo creo que, en la etapa en la que estamos, con la mesa del Senado encabezando una conversación, dando la posibilidad de llegar a acuerdos, me parece que está mejor encaminada de lo que estaba hace algunos días. Creo que vamos a obtener más de los 26 votos que se obtuvieron en la votación en general, y creo que el ministro Quiroz ha demostrado muchísima más flexibilidad y disposición a ceder en ciertos aspectos que la oposición había criticado.
Sin ir más lejos, la medida que para él era más sensible, quizás de la que estaba más enamorado, como era la del crédito tributario al empleo, que es algo que evidentemente en el actual momento económico que vive Chile era muy importante, es una medida que él se ha allanado a reformular. Ha tenido también flexibilidad respecto del tema de las contribuciones, incorporándole gradualidad; hay disposición a revisar algunos aspectos medioambientales que han sido criticados. Me parece que es una conversación que está bien encaminada y el ministro Quiroz ha mostrado una buena disposición a conversar. No tengo ninguna duda de que eso va a llevar a que tengamos más de los 26 votos que se obtuvieron en la discusión en general, ahora cuando pasemos a la discusión en particular.
—¿Qué conclusión espera sacar de la mesa política que conformó el Gobierno para buscar acuerdos por la megarreforma?
Yo espero que la política demuestre que está a la altura de asumir el desafío que muestra hoy día la economía. Un Imacec donde las cifras de desempleo se están acercando riesgosamente al 10%; donde la condición económica de las familias y los sueldos no alcanzan; donde tenemos que reactivar la inversión, el crecimiento y el empleo, requiere un esfuerzo lo más transversal posible. En eso, herramientas como la rebaja del impuesto corporativo, el incentivo a la inversión con la invariabilidad tributaria o la integración tributaria, demuestran que hay que hacer un cambio de estado de ánimo para que el país vuelva a ser lo que fue durante muchos años: un buen refugio para los inversionistas nacionales y extranjeros. Es algo que tiene que nacer no solamente del oficialismo, sino también de una izquierda que tiene que recuperar la memoria de lo que fue capaz de hacer durante los años 90 y los 2000, cuando era capaz de tener, con menos tasas impositivas, una mejor situación de crecimiento económico y un mejor equilibrio fiscal. Teníamos la caja fiscal muchísimo más ordenada, con impuestos más bajos y con una economía que crecía al 5%.
—¿Cuál es para usted el corazón de esta megarreforma?
La rebaja del impuesto corporativo y la integración tributaria.
—¿Y qué opina de esta discusión que ha surgido respecto de aprobar la megarreforma por un voto? De ser así, ¿afectaría su legitimidad política?
No afecta en nada su legitimidad política, pero nos gustaría que la oposición tenga una oportunidad de aportar más que de criticar. Yo creo que es parte de una democracia más sana que un sector que, si bien no es mayoritario hoy día y no tiene los votos para impedir que este proyecto se apruebe, sí pueda incorporar matices y las sensibilidades que ellos esperan. Acá, más que reflexiones de la izquierda, se esperan propuestas. Yo creo que eso es lo que va a empezar a ocurrir en la mesa que estamos instalando el día de hoy en el Senado.
“Este proyecto se va a quedar corto”
—Y en el análisis, ¿considera que el Gobierno está asumiendo un riesgo excesivo al apostar gran parte de su capital político a la megarreforma?
Yo creo que el Gobierno está apostando al crecimiento económico como un factor muy importante para darle más tranquilidad a los chilenos. Esto se hace por los chilenos, no se hace por el capital político del Gobierno. Este gobierno ha demostrado que su principal preocupación no es el capital político o la popularidad momentánea, sino que al país le vaya bien y, en este caso, recuperar la actividad económica, que es fundamental.
Y para eso, este proyecto, probablemente una vez que se apruebe, vamos a tener que empezar a pensar en medidas adicionales. Se plantearon las conclusiones de una mesa laboral encabezada por David Bravo; hay una conversación pendiente en materia de mercado de capitales, que probablemente va a ser necesaria, porque yo no tengo ninguna duda de que este proyecto se va a quedar corto en lo que necesitamos, sobre todo en el reimpulso del mercado laboral.
—¿Le podría pasar lo mismo que al gobierno de Gabriel Boric, que pareció haberse paralizado a la espera de que se aprobara la nueva Constitución? ¿Hay muchas expectativas puestas en la aprobación de esta megarreforma?
Yo doy por aprobado el proyecto. Creo que están los votos y lo importante ahora es ver si la oposición se quiere sumar a más de los 26 votos que ya se tienen. Y, como te decía, creo que acá hay que empezar a pensar, a la brevedad posible, en lo que viene después de la megarreforma, que es la reactivación del mercado laboral y del mercado de capitales, que son los grandes desafíos que me va a tocar encabezar como presidente de la Comisión de Hacienda en el próximo semestre.
Indultos a uniformados por hechos del estallido
—Pasemos a otro tema. ¿Cuál es su visión del proyecto del Partido Nacional Libertario que busca indultar a todos los uniformados condenados por hechos del estallido social?
Empatizo con la sensibilidad que hay detrás de ese proyecto y con el sufrimiento, y muchas veces la injusticia, de tener a personas con enfermedades terminales privadas de libertad. Creo que es una reflexión que corresponde hacer. Tengo mis dudas de si esto se tiene que hacer con una legislación general o bien mediante el uso de la facultad particular que le corresponde al Presidente de la República. Y, obviamente, pueden existir diferencias en nuestro sector, pero me parece que lo importante es canalizarla por donde corresponde, en este caso en el Congreso (…).
—Pero este proyecto apunta a lo que fue el proceso del estallido social, a los uniformados condenados por hechos de ese período en específico.
Ah, no conocía el alcance del proyecto. Si es así, me parece que dentro de la discusión hay una diferencia jurídica entre un indulto general y algo que se pueda revisar caso a caso. Yo creo que esa es una. Y, en segundo lugar, es una facultad del Presidente de la República que, obviamente, tiene que evaluar, porque es una facultad presidencial. Y el indulto general, creo que por razones de pragmatismo legislativo, también hay que contar los votos, y a mí me da la impresión de que puede ser más difícil avanzar por ese camino.
—Y, en términos generales, respecto de los indultos —que ya fueron motivo de polémica durante el gobierno anterior—, ¿le parece adecuado que sigan siendo una facultad exclusiva del presidente o se abre a discutir un cambio a esta atribución?
Lo que pasa es que cuando tú tienes a una persona que hace abuso de esta institución, evidentemente es el momento en que uno reflexiona sobre si esta facultad se justifica. Y creo que el ejemplo más concreto son los últimos indultos que se otorgaron a personas privadas de libertad por delitos violentos cometidos durante el estallido social. El presidente Boric indultó a personas que, a las pocas semanas, ya estaban cometiendo nuevamente delitos y también tenían antecedentes por delitos violentos.
A mí me parece que tiene que ser una facultad que, si se emplea, se emplee con muchísimo cuidado. Y yo no tengo ninguna duda de que si este gobierno, en algún momento, toma esta decisión y tiene esta reflexión, lo va a hacer con mayor cuidado respecto de las personas a las que se les aplique y de aquellos casos donde situaciones evidentemente injustas puedan requerir una mirada adicional por parte del Presidente de la República.
En general, creo que esta facultad tiene que estar bastante controlada y regulada. Quizás hay una reflexión respecto de si hay algún otro poder del Estado que pueda pronunciarse favorablemente sobre un indulto. Pero hoy día, tal como existe esta facultad, si se abusa de ella, es un error, y es un error que pagan caro los gobiernos. Yo no tengo ninguna duda de que el gobierno de Boric la pagó caro cuando la utilizó con los presos del estallido social.
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