Las isapres indicaron que si el Gobierno opta por su “cierre forzoso”, miles de pacientes quedarán “desprotegidos y forzados a migrar intempestivamente al Fonasa, agravando el problema".
Ayer martes la ministra de Salud, Ximena Aguilera, adelantó que como Gobierno están preparando medidas ante un posible colapso de las isapres, luego del fallo de la Corte Suprema: acogió recursos de protección y ordenó a las aseguradoras regirse por la tabla de factores de la Superintendencia de Salud y aplicar esa regla a sus cotizantes.
En una declaración conjunta, las isapes indicaron que el regulador no ha convocado al sector a un análisis de riesgos y no se ha vuelto a citar la mesa de trabajo que lidera el Ministerio de Salud.
“La decisión que adopte la Superintendencia de Salud determinará si continúan o no las isapres y, con esto, las coberturas que han elegido, de acuerdo con sus necesidades, más de tres millones de afiliados”, señalaron.
Agregaron que si la autoridad opta por inhabilitarlas operativamente, “no solo se iría en contra de lo dispuesto por la Corte Suprema, que ordenó regular el funcionamiento futuro del sistema, también se causaría un daño irreversible a la red completa que atiende a la mitad del país, impactando a prestadores, médicos, afiliados y, especialmente, a quienes sufren problemas de salud”.
En la misma línea, las isapres indicaron que si el Gobierno opta por su “cierre forzoso”, casi 350 mil pacientes Ges quedarán “desprotegidos y forzados a migrar intempestivamente al Fonasa, agravando el problema de oportunidad que tiene a casi 2,3 millones de personas en lista de espera”.
Por todo, comunicaron que “es imperioso” que la Superintendencia de Salud les informe sus definiciones “y entregue lineamientos, al menos generales, con la mayor celeridad, para dar claridad a las personas y al sistema”.
Por último, las isapres afirmaron que “los plazos apremian y no se evidencia que el Gobierno esté ponderando el peligro de una crisis sanitaria de esta magnitud”.
