Más allá de ranas y ratones: Permisos que evitan tragedias humanas

En los últimos días se ha instalado con fuerza el debate sobre la denominada “permisología”. Incluso hemos escuchado a autoridades afirmar que en Chile hay quienes defienden más a las ranas que a las personas. La frase puede sonar ingeniosa para un titular, pero esconde una simplificación peligrosa de una discusión mucho más profunda.

Esta mañana desperté viendo imágenes de Filipinas tras un terremoto de gran magnitud. Edificios colapsados, escuelas dañadas y miles de personas evacuando por temor a nuevas réplicas. Son escenas dramáticas que, afortunadamente, los chilenos observamos con una cierta distancia. No porque los terremotos no ocurran aquí. Al contrario. Vivimos en uno de los países más sísmicos del planeta.

La diferencia es que en Chile aprendimos a convivir con los terremotos. Cuando ocurre un sismo de gran intensidad, muchas veces seguimos sentados donde estamos. No es arrogancia ni inconsciencia. Es confianza. Confianza en normas de construcción exigentes, en estándares técnicos rigurosos y en una institucionalidad que durante décadas entendió que la naturaleza no negocia.

Después de los grandes terremotos del siglo pasado, Chile construyó una legislación que obliga a calcular, revisar, fiscalizar y autorizar. Es decir, creó permisos. Gracias a esos permisos, nuestros edificios resisten movimientos que en otros países provocarían tragedias masivas. Lo que algunos llaman burocracia, muchas veces es la diferencia entre que una familia vuelva a su casa o quede sepultada bajo los escombros.

Lo mismo ocurre con los humedales, los cauces naturales y las zonas inundables. La discusión no se trata únicamente de proteger especies o ecosistemas. Se trata de proteger personas. El agua tiene memoria. Tarde o temprano vuelve a ocupar los espacios que históricamente le pertenecieron. Cuando se construye sobre humedales, lechos de ríos o terrenos naturalmente saturados de agua, no se elimina el riesgo; simplemente se traslada a quienes vivirán allí.

La historia está llena de ejemplos. En distintos países, terremotos de magnitudes moderadas han provocado fenómenos de licuefacción del suelo, donde terrenos aparentemente sólidos se transforman en una masa inestable incapaz de sostener viviendas, calles o edificios. El resultado no es un problema ambiental. Es una tragedia humana.

En Christchurch, Nueva Zelanda, los terremotos de 2010 y 2011 provocaron enormes procesos de licuefacción. Miles de toneladas de sedimentos emergieron desde el subsuelo y cubrieron calles completas. El daño a los cimientos dejó inhabitables miles de viviendas y destruyó gran parte de la infraestructura subterránea de la ciudad. Lo que hasta el día anterior parecía un barrio seguro se transformó en una zona devastada por la inestabilidad del terreno.

En Kobe, Japón, durante el terremoto de 1995, la licuefacción afectó gravemente sectores construidos sobre terrenos ganados al mar y zonas de relleno. Muelles, grúas portuarias y edificaciones completas sufrieron daños severos debido a que el suelo perdió la capacidad de sostener las estructuras que descansaban sobre él.

Algo similar ocurrió en México tras el terremoto de 2017. Estudios posteriores detectaron hundimientos, grietas y fallas estructurales en viviendas ubicadas sobre estratos arenosos especialmente vulnerables a este fenómeno. El problema no fue únicamente la fuerza del sismo, sino las características del terreno donde estaban emplazadas las construcciones.

Por eso el debate no puede reducirse a una falsa elección entre desarrollo y protección. Nadie discute la necesidad de agilizar procesos, eliminar trámites redundantes o combatir la ineficiencia del Estado. Pero una cosa es modernizar y otra muy distinta es desmantelar resguardos construidos a partir de lecciones aprendidas con dolor.

Cada permiso que evita construir en una zona de riesgo, cada estudio geotécnico que detecta un peligro oculto, cada evaluación que advierte sobre una amenaza futura, no está defendiendo una rana ni un ratón. Está defendiendo a las familias que vivirán allí, a los niños que asistirán a esas escuelas y a los trabajadores que ocuparán esos edificios.

La naturaleza no escucha discursos ni consignas políticas. Los terremotos, las inundaciones y los deslizamientos tampoco distinguen entre gobiernos de izquierda o de derecha. Cuando ocurre una tragedia, las consecuencias las pagan las personas comunes. Por eso, antes de burlarnos de los permisos, conviene recordar que muchas veces aquello que parece un trámite innecesario es, en realidad, una medida de seguridad escrita con la experiencia de quienes ya sufrieron las consecuencias de no tenerla.

Chile no es un país seguro frente a los terremotos por casualidad. Lo es porque durante décadas decidió aprender de las tragedias, construir mejores normas y respetar la evidencia técnica. Debatir cómo mejorar los procesos es legítimo. Renunciar a ellos, en cambio, puede costarnos vidas.

Al final del día, el presidente Kast y su ministro estrella deberán responder una pregunta simple: ¿vale la pena poner en riesgo la seguridad de miles de familias para acelerar proyectos y satisfacer intereses económicos? Porque Chile no construyó sus normas a partir de caprichos, sino sobre las lecciones que dejaron terremotos, inundaciones y tragedias.

Desmantelar las instituciones y las protecciones que nos entregan por conveniencia política o económica sería repetir la historia de Judas: cambiar algo invaluable por treinta monedas. La diferencia es que aquí no se estaría traicionando a una persona, sino a la seguridad y la tranquilidad de millones de chilenos.