VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Ley de Fraudes en Chile, Ley N° 20.009, limita la responsabilidad de los usuarios ante el hurto, robo o fraude de tarjetas de pago. Sin embargo, los bancos han detectado un aumento de "autofraudes", donde se realizan transacciones y luego se niega haberlas hecho para obtener reembolsos. BancoEstado denunció más de 7,000 casos. La Asociación de Bancos pide modificar la ley. BancoEstado y Ministerio Público crean Mesa Intersectorial contra Fraude Transaccional para combatir el delito. Abif señala que la tasa de fraudes es tres veces mayor que antes de la modificación de 2020.

En nuestro país, la Ley N° 20.009 (Ley de Fraudes) limita la responsabilidad de los usuarios ante el hurto, robo, extravío o fraude de tarjetas de pago y transacciones electrónicas; por tanto, se obliga a los bancos -una vez que el cliente da aviso por un canal de emergencias y realiza la respectiva denuncia- a restituir los fondos en los plazos estipulados en la normativa.

Lo anterior, en un contexto general de que son las entidades financieras las responsables de resguardar los dineros e implementar las medidas de ciberseguridad ligadas a las operaciones de pago y transacciones.

Sin embargo, los bancos han detectado que inescrupulosos realizan los denominados “autofraudes”: realizan una compra, pago o transferencia y luego aseguran al banco que nunca realizaron aquello, con el objetivo de que este les restituya los montos.

Sin ir más lejos, en 2024 el BancoEstado denunció ante la justicia un esquema masivo y sistemático de “autofraudes”, en el que acusó más de siete mil casos.

Desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) han aludido a las modificaciones que se hicieron a la Ley en el año 2020, donde se determinó que el monto límite para restituir operaciones desconocidas, sin mayores trámites, se fijara UF 35 (las entidades han emplazado que se rebaje a UF 15, para desincentivar el mal uso de la norma).

Han señalado, en esa línea, que desde hace seis años aumentaron los mencionados autofraudes, con personas que afirman -falsamente- desconocer transacciones hechas desde sus cuentas, para luego obtener un reembolso en un plazo de entre 10 a 15 días, dependiendo de la transacción.

BancoEstado y Ministerio Público crean Mesa Intersectorial contra Fraude Transaccional

A principios de junio, BancoEstado y el Ministerio Público sostuvieron una reunión con el objetivo de fortalecer mecanismos para la prevención y detección de ilícitos económicos; y combatir el fraude que afecta la fe pública y abre la puerta al crimen organizado.

El día de la reunión, comunicó BancoEstado, planteó que una de sus prioridades era el seguimiento a una querella que presentó en 2024.

En ella, denunció un esquema masivo y sistemático de “autofraudes”.

Dicha causa comprende más de 7.000 casos que responden a un mismo patrón de fraude, relató.

La entidad financiera enfatizó su objetivo de colaborar con la reconstrucción de flujos financieros, identificar beneficiarios finales y detectar eventuales delitos de lavado de activos y asociación ilícita, en una labor coordinada con el Ministerio Público para así agilizar los procesos investigativos y asegurar una persecución penal efectiva.

Mario Farren, presidente de BancoEstado, remarcó que los delitos impactan tanto al banco como al sistema financiero en general. Indicó que trabajar en conjunto con el Ministerio Público ayudará a obtener “nuevas herramientas necesarias para la desarticulación de las redes criminales”.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, coincidió en que necesitan un trabajo mancomunado con la banca para perseguir de manera efectiva a quienes cometen delitos económicos, ya que solo así pueden seguir rápidamente la ruta del dinero.

Sobre la labor conjunta comprometida con BancoEstado, Valencia dijo que “representa un paso relevante para fortalecer la prevención, detección e investigación de estos ilícitos en beneficio de toda la ciudadanía”.

A jucio de la Abif, la Ley de Fraudes mantendría ciertas distorsiones, las cuales se reflejarían en una tasa de fraudes que es tres veces mayor a la observada antes de las modificaciones realizadas en 2020 a la Ley; y más de 6,5 veces superior a la registrada en la Unión Europea.

Por último, entre otras modificaciones que el gremio considera necesarias para la Ley de Fraudes, empezando por el estándar probatorio de culpa grave o dolo, sería el restablecer la posibilidad de comercializar seguros que protejan a los clientes que son víctimas de fraude; y establecer una instancia que canalice casos donde no corresponda que se restituyan los fondos y así no sobrecargar los Juzgados de Policía Local.