La compañía pesquera Camanchaca confirmó que ingresó una demanda contra el Estado de Chile, exigiendo $90 mil millones en indemnización por, según acusó, daños por la modificación anticipada del régimen de fraccionamiento pesquero introducido en la Ley 21.752.
Ya en abril del año pasado, la firma amenazó con esta acción judicial, mientras la modificación al fraccionamiento atravesaba una importante discusión en el Congreso y donde desde Camanchaca afirmaban que se afectarían los derechos adquiridos tanto por ellos como por el sector en general.
Ahora, el gerente general de la empresa, Ricardo García, dijo que el Estado había dado reglas claras y ellos realizaron cuantiosas inversiones en base a esos compromisos.
“Cuando esa promesa se rompe unilateralmente antes de tiempo, no solo se afecta a una empresa, sino que se daña la confianza en el país como un todo”, cuestionó el CEO, citado en un comunicado de la empresa compartido a BBCL.
Camanchaca demanda al Estado de Chile por el fraccionamiento pesquero
La demanda de indemnización de perjuicios fue presentada el 31 de enero ante el 18° Juzgado Civil de Santiago.
En este sentido, la empresa reiteró que la Ley N° 21.752 “vulneró los derechos patrimoniales adquiridos y afectó gravemente la seguridad jurídica del sector.
Desde la pesquera recordaron que previamente, se consolidó un sistema de administración basado en licencias transables de pesca, “garantizando explícitamente un determinado fraccionamiento de cuotas entre los sectores industrial y artesanal hasta, al menos, 2032″, para luego una renovación “mediante un tratamiento ecuánime conforme al desarrollo del sector”.
Esto habría permitido un ordenamiento de la actividad en el mar y la generación de certezas para la inversión, según Camanchaca. Luego, destacaron que en 2013 aceptaron el nuevo régimen sobre la base del fraccionamiento ofrecido.
Esto incluyó la renuncia “a autorizaciones indefinidas de larga data, asumiendo una reducción inicial de sus derechos, pagando un elevado royalty y realizando inversiones de largo plazo por decenas de millones de dólares”.
Y en 2025, se cambió el fraccionamiento siete años antes del vencimiento, “reduciendo de forma inmediata y permanente la participación del sector industrial, sin fundamentos técnicos, científicos ni de sustentabilidad, y mermando desde ya las posibilidades de desarrollo futuro”, criticaron.
$90 mil millones en indemnización
Desde Camanchaca afirmaron que las modificaciones en el fraccionamiento son especialmente sensibles en el sector del jurel, ya que estaba severamente afectado antes de las modificaciones en 2012 y que, gracias a ellas, se habría recuperado.
Sin embargo, ahora estiman que con las cuotas ya definidas, en 2026 enfrentarán una merma de 33 mil toneladas de jurel.
Por ello es que estimaron un perjuicio de $90 mil millones debido a los cambios en el fraccionamiento pesquero, misma cifra que piden como indemnización en su demanda al Estado.
“Esto no es una discusión ideológica ni un conflicto entre sectores. Es una cuestión de respeto a los derechos adquiridos (…) cuando el Estado expropia, la ley y la Constitución lo obligan a indemnizar; no hacerlo es ilegal”, sentenció el gerente general de la pesquera.
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