"Presentamos a nuestra querida empresa con una pérdida de $7.037.560.309 en el ejercicio 2022, con una deuda total de $44.090.651.340", dijo la constructora Queylen al solicitar su liquidación voluntaria. "Ya no tenemos fuerzas, pero estamos satisfechos de lo que hicimos", expresaron sus socios.

La constructora Queylen, que ofrece servicios en el mercado local de su rubro desde hace 43 años, solicitó su liquidación voluntaria. Argumentó deudas que superan los $44 mil millones.

De acuerdo a información entregada por Diario Financiero, la empresa -que llegó a tener más de mil trabajadores en algún momento- se centraba en viviendas, el desarrollo de proyectos industriales y edificios comerciales e institucionales.

Explicó que sus problemas financieros se agudizaron tras el estallido social y la pandemia.

Ante la justicia, dijo: “Presentamos a nuestra querida empresa con una pérdida de $7.037.560.309 en el ejercicio 2022, con una deuda total de $44.090.651.340, con 85 trabajadores contratados (…)”.

Los socios de Queylen, Pedro Pablo Pizarro y Andrés Rosselot, argumentaron, según señaló el citado medio, que “ya no tenemos fuerzas, pero estamos satisfechos de lo que hicimos. Mientras muchos cerraron sus puertas, nosotros enfrentamos la adversidad”.

“Agradecemos a todos quienes confiaron en nosotros en estos 43 años de grandes logros”, añadieron.

La constructora Queylen se sumaría así a la lista de empresas del rubro que han solicitado su liquidación voluntaria.

Un caso emblemático de lo anterior fue lo sucedido con “Claro, Vicuña, Valenzuela” el año pasado, que desmovilizó más de 30 obras y despidió a 2.500 personas, ante alzas de costos que -aseguró- no pudo solventar.

Los pasivos de la compañía superaron los US$60 millones y su situación generó alertas en el gremio y mundo político, ya que mantenía vigentes contratos con el Estado ligados a proyectos de infraestructura pública en más de una región (puente Bicentenario sobre el río Bío Bío, eje Colón de Talcahuano, bypass de Castro, por mencionar a algunos).

De acuerdo a un análisis con cierre a fines del año pasado -con datos emanados por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR)- 244 empresas del sector de la construcción habían solicitado su quiebra durante los últimos tres semestres a esa fecha.

Eso correspondió 58 empresas del rubro que quebraron el primer semestre de 2021, a las que se sumaron 76 del segundo semestre de ese año y 110 compañías quebradas durante el primer semestre de 2022.