La responsabilidad fiscal no puede seguir esperando

El informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre el incumplimiento de la meta de Balance Estructural de 2025 revela un problema que afecta directamente a la ciudadanía: el Estado está gastando más de lo que puede sostener, basándose en proyecciones de ingresos que no se cumplen, reformas tributarias deficitarias y en medidas correctivas que no llegan a concretarse en forma oportuna en un ajuste al gasto público sustantivo.

La desviación entre ingresos y gastos permanentes, que llegó a un déficit estructural de 3,6% del PIB al cierre del 2025, una de las más grandes en años sin crisis extraordinarias, no es un simple error técnico o un dato mal ingresado en el Excel. Significa más deuda pública, más intereses que pagar y menos recursos disponibles para hacerse cargo de las demandas ciudadanas, pensiones, salud, educación, seguridad y vivienda.

Cuando las cuentas públicas se descuadran, lo que se compromete no es un indicador macroeconómico, sino el bienestar de las familias y la estabilidad del país, hipotecando el futuro de las futuras generaciones.

Aunque la deuda bruta se mantuvo estable, ello se explica por factores transitorios y no por una verdadera consolidación fiscal, pues en paralelo el fondo económico social FES siguió debilitándose y hoy se encuentra en niveles mínimos, adicionalmente se gastaron en el mismo periodo recursos extraordinarios del litio y cobre.

Por otra parte, los datos revelan tres años consecutivos de incumplimientos en las metas fiscales que muestran que este no es un problema puntual, sino una tendencia preocupante.

Chile necesita recuperar una conducción fiscal seria y predecible, que haga recobrar la confianza en la gestión de las finanzas públicas y pueda ser el pilar de un Chile que recobre el dinamismo económico.

No se trata de recortar por recortar el actual nivel de gasto público, sino de ordenar las prioridades: crecer con más fuerza, recaudar en forma sostenida, asegurar ingresos permanentes y gastar con eficiencia.

Sin esa base, cualquier política social queda en riesgo de ser insostenible, pues lo importante es que el Estado garantice el financiamiento de un gasto público de calidad que permita avanzar a paso sostenido hacia el desarrollo.

La ciudadanía merece un Estado que administre sus recursos con rigor y responsabilidad. Es hora de corregir el rumbo antes de que la improvisación fiscal termine debilitando nuestro futuro común.