La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado en contra de BancoEstado por mantener registro de deudores para evaluar comportamiento de clientes e impedir la apertura de cuentas corrientes.
En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal acogió la acción cautelar, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario del banco.
Fallo
El fallo afirma que el recurrente alegó la improcedencia “de figurar en el Estado de Deudas utilizado por el banco debido a que se acogió a la Ley N° 20.720”, aquella que estableció la reorganización y liquidación de empresas y personas.
El banco, agrega el fallo, “no controvirtió que el monto de deuda vencida que figura en él corresponda a un crédito anterior al inicio del procedimiento concursal, lo que por lo demás se condice con el hecho que en el documento acompañado por el recurrido dicha deuda dejó de figurar para el mes de marzo de 2018, esto es, con posterioridad al término de aquel procedimiento”.
La resolución agrega que: “en estas circunstancias en que, atendido el término del procedimiento de liquidación la condición de deudor del recurrente no se encontraba, a la fecha en que solicitó la apertura de la cuenta corriente al recurrido, ‘establecida de un modo formalmente incuestionable’ procedía que la información cuestionada fuera excluida o al menos suspendida de dicho registro”.
Ello por cuanto al tenor del artículo 6 de la Ley N° 19.628 el dato en cuestión adquirió al menos la categoría de dudoso. A este respecto, el artículo 9 de la referida ley dispone: “En todo caso, la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos”.
Conclusión
“(…) por lo anterior, el BancoEstado incurrió en una actuación ilegal y arbitraria, puesto que sin justificación y con infracción de las normas referidas empleó un dato económico cuya vigencia es al menos dudosa para evaluar el riesgo de la petición de apertura de cuenta corriente del actor y para, en definitiva, rechazarla”, concluye.
La Tercera Sala estuvo integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Arturo Prado, Ángela Vivanco y el abogado (i) Diego Munita.