La bancarrota o quiebra personal puede afectar a cualquier tipo de persona que puede recurrir a esta figura para hacer frente a una fuerte carga de deudas, incluso adultos mayores que, en muchos casos, están en una posición de vulnerabilidad.
Entre 2015 y 2025, 1.849 adultos mayores -60 años o más- se declararon en quiebra en Chile, según un análisis de Unholster junto a Defensa Deudores (Grupo Defensa, GD) sobre datos del Poder Judicial.
Ahora bien, el estudio luego se enfoca en un grupo de 252 clientes del GD, donde el 67,1% de los casos (169) involucra a personas entre los 60 y 69 años, lo que si bien no vuelve necesariamente representativa la muestra, puede entregar algunas señales interesantes -o preocupantes- respecto a la quiebra en este segmento etario.
Y es que el perfil dominante revela que casi la totalidad de los poco más de 250 adultos mayores que emprendieron procesos de quiebra son arrendatarios o allegados, y no tienen vehículos.
“La bancarrota se concentra en la entrada de la tercera edad, cuando muchos aún dependen de ingresos laborales decrecientes antes de consolidar una pensión”, sostiene el análisis compartido a BBCL.
Más de 1.800 adultos mayores se declararon en quiebra en 10 años
De los 252 casos, 169 son hombres (67,1%) frente a 83 mujeres (32,9%), a la vez que 133 son personas casadas (52,8%), lo que hace concluir a Unholster y Grupo Defensa que “contar con un cónyuge no impide la insolvencia en la adultez mayor, lo que apunta a causas ligadas a ingresos fijos o decrecientes más que a la falta de red familiar”.
Y por nivel socioeconómico (NSE), el medio alto lidera con 90 casos, seguido del alto con 80, lo que “confirma que la insolvencia no se concentra en los estratos más vulnerables”.
Un punto al que puso ojo el reporte fue si los adultos mayores poseían uno o varios vehículos, junto con una vivienda.
En lo primero, el 69,4% no registró tener un auto, por lo que, técnicamente, no debiesen tener deudas por este concepto. Solo un 5,2% tenía dos o más vehículos.
Pero un caso llamativo es el de la vivienda donde 240, es decir, un 95,2% del total, son arrendatarios o allegados: “La propiedad inmobiliaria es prácticamente inexistente. Llegar a la tercera edad sin vivienda propia agrava la exposición financiera cuando los ingresos se vuelven fijos o decrecientes”, advierte el estudio.
Finalmente, el tramo de cuatro a siete deudas por causa concentró un 56,6% de los casos, siendo cinco deudas el valor más frecuente. Un 43% de los casos adeudó entre $10 y $20 millones y un 78,5% tenía una deuda total bajo los $35 millones.
De la deuda total (unos $9.810,9 millones), la banca centró el 42,6% ($4.174,7 millones), mientras que el segundo mayor acreedor era la Tesorería General de la República con 25,6% ($2.515 millones). Ahora bien, en esto último hay dos causas con montos de $1.132.996.136 y $548.650.438, lo que explica gran parte de la deuda tributaria del segmento.
“La TGR no es un acreedor comercial: su presencia indica obligaciones tributarias o previsionales impagas, muchas veces asociadas a actividad económica independiente. Unos pocos casos de gran magnitud elevan el promedio sin alterar el perfil típico: deuda media-baja y múltiples acreedores”, explican en el informe.
El resto se distribuyó en compromisos financieros con el retail (15,4%), cooperativas (4,2%) y cajas de compensación (3,9%).
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