La estatal Codelco confirmó que presentó un recurso legal con el fin de “obtener certeza jurídica respecto de la aplicación de determinadas actuaciones propias de su gestión empresarial que son objeto de revisión por parte de la Contraloría General de la República”.
Si bien en su declaración pública no mencionó de qué actuación se trata, el pasado 18 de junio la compañía ingresó un recurso de amparo económico, impugnando un oficio del 22 de abril donde “se exigió a Codelco dictar actos administrativos” en relación a la “”constitución, participación, modificación, retiro y extinción” de personas jurídicas, y someterlos al trámite de toma de razón”.
Codelco arremete contra Contraloría
Según sostuvo la empresa en el texto revisado por BBCL, la Contraloría presentó en su oficio un decreto donde fijaba los requisitos y condiciones para la entrega de un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en favor de Minera Ascotán SpA, coligada a Codelco.
“Entre sus observaciones, la Contraloría sostuvo que Codelco no había sometido a toma de razón previa la constitución de dicha sociedad” lo que, dijo la minera, implicaría que “Codelco debe tomar decisiones empresariales a través de la dictación de actos administrativos, y a su vez, antes de ejecutarlos, debe someter algunos de estos actos al control previo de legalidad consistente en la toma de razón”.
Para la organización con Bernardo Fontaine como presidente del directorio, la exigencia resulta “completamente extraña y ajena” a su caracter empresarial, con que compiten “en un mercado internacional altamente dinámico”.
En esta línea, reiteraron que la naturaleza de la firma es dual, entre el derecho público y privado, por lo que a diferencia de organismos y serviciso públicos “no le resulta aplicable” la exigencia de dictar actos administrativos o someterlos a toma de razón.
“Por el contrario, por mandato constitucional y legal, en el desarrollo de su actividad económica, Codelco debe adoptar las formas de actuación propias del derecho comercial y civil, precisamente porque compite en el mercado con otras empresas del mismo giro”, sentenciaron, remarcando que nunca en los más de 50 años de la Corporación han dictado actos administrativos “y -menos- ha sometido sus actuaciones al control previo de la toma de razón”.
Volviendo al comunicado, desde la Corporación destacaron que mantienen “su pleno respeto” por las atribucioens de Contraloría y su rol en el sistema de control del Estado.
A su vez, expresaron que la acción judicial no altera los distintos mecanismos de control a los que están sujetos, “incluyendo auditorías internas y externas, la fiscalización de la propia Contraloría en el ámbito de sus competencias, la supervisión permanente de Cochilco y la regulación de la Comisión para el Mercado Financiero”.
Enviando corrección, espere un momento...
