El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó y cuestionó la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el gobierno, asegurando que parte de sus contenidos son “innecesarios”. Igualmente, advirtió que la iniciativa podría abrir una discusión que Chile ya enfrentó durante los dos procesos constituyentes.
En conversación con La Tercera, Cordero sostuvo que algunas de las medidas incluidas en la propuesta pueden ser positivas, como la creación de una agencia encargada de la liquidación de bienes incautados, pero manifestó reparos respecto de otras disposiciones.
Entre ellas, apuntó a las normas relacionadas con la segregación penitenciaria, señalando que se trata de materias que el Estado ya ha comenzado a abordar y que, a su juicio, no requieren rango constitucional.
“Hay un proyecto de ley que ya está planteado en el Congreso, que viene desde antes sobre mecanismos de segregación, muy en la lógica italiana del 41 bis que a tanta gente le gusta en Chile, pero no es una discusión constitucional”, aseguró.
Sin embargo, uno de sus principales cuestionamientos se dirigió al establecimiento de un deber constitucional en materia de seguridad. Para Cordero, dicha modificación resulta innecesaria debido a que la actual Constitución ya contempla herramientas que permiten exigir al Estado una garantía de seguridad hacia las personas.
“La reforma constitucional vinculada a tener un deber constitucional en seguridad es innecesaria. La Constitución es suficiente en eso y, además, la propia jurisprudencia lo entiende así”, sostuvo.
En esa línea, explicó que la libertad personal y la seguridad individual ya están reconocidas como derechos fundamentales y que la Corte Suprema ha establecido, a partir de esas disposiciones, un deber de garantía por parte del Estado.
“De hecho, ha condenado al Fisco en base a esos principios, sobre la base de gestiones policiales o de orden público insuficiente. Entonces, no es cierto que para el sistema institucional uno requiera esa reforma”, argumentó.
“Más riesgos que beneficios”
El extitular de Seguridad Pública también expresó reparos al denominado Estado de Excepción Policial contemplado en la iniciativa, asegurando que podría generar “más riesgos que beneficios”.
Según Cordero, algunos de los objetivos declarados de la reforma podrían alcanzarse mediante la implementación de herramientas legales que ya fueron aprobadas, entre ellas la nueva legislación en materia de inteligencia.
“Muchos de los propósitos que ahí se buscan, por lo menos lo declarativo, son cosas que se pueden lograr con la implementación de leyes como la ley de inteligencia”, planteó en conversación con el medio antes citado.
Para Cordero, el problema de fondo es que la iniciativa abre una discusión constitucional para abordar materias que, en realidad, corresponden a decisiones de política pública.
“Uno es tratar de resolver en la Constitución problemas de política pública”, planteó, ejemplificando con la posibilidad de utilizar una reforma constitucional para evitar fallos judiciales como los relacionados con las denominadas “escuelas protegidas”.
El debate sobre derechos fundamentales
El exministro también manifestó preocupación por la posibilidad de que la reforma abra nuevamente el capítulo de derechos fundamentales, especialmente si se pretende limitar determinados derechos sociales a personas condenadas por ciertos delitos.
“Lo que va a abrir es una discusión que ya tuvimos en los dos procesos constituyentes y creo que es un riesgo muy grande”, afirmó.
De esta forma, Cordero diferenció entre las medidas que considera necesarias para fortalecer la institucionalidad de seguridad y aquellas que, en su opinión, buscan resolver mediante cambios constitucionales materias que pueden ser abordadas por la legislación vigente.
“Solo algunos proyectos me parecen que son beneficio para el proyecto asociado y lo demás creo que son innecesarios”, concluyó al respecto.
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