El jefe de Estado subrayó a todos los organismo públicos que deben ser austeros e incluso les detalló gastos que -de momento- estarían prohibidos.
El presidente Gabriel Boric y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, firmaron una circular que hicieron llegar a más de 300 reparticiones públicas -ministerios, servicios, entre otros- con órdenes claras de recortar gastos.
En la misiva se remarcó que el contexto actual “requiere mayores esfuerzos de responsabilidad fiscal”, con énfasis en la “transparencia” y uso “eficaz” de los recursos.
Por ejemplo, indicó que no se podrán usar dineros públicos para financiar aniversarios o celebraciones, con la única excepción de conmemoraciones que necesiten realizar las embajadas y consulados.
Se subrayó la prohibición de invertir en merchandising y otros gastos en publicidad. Suscripciones a diarios o programas informáticos, sólo aplicarlos cuando sea “estrictamente” necesario.
En la misma línea, el documento ordenó a las reparticiones la “eficiencia hídrica y energética” en sus dependencias: pidió restringir los calefactores y hervidores de uso individual.
Los viajes al extranjero, en tanto, sólo los podrán hacer los ministros, jefes de servicios y subsecretarios. Y en este punto sólo la Cancillería tendrá un margen para ciertas excepciones (plazos para compras de pasajes; y mantener reserva de itinerarios sensibles).
En cuanto a los vehículos, si algún organismo necesita renovar uno deberá privilegiar la compra de cualquiera que sea cero emisiones.
Por último, el instructivo precisó que todos los organismos públicos deberán reintegrar al Fisco los saldos en exceso que eventualmente puedan tener en sus cuentas; y puso como tope un salario bruto de $5.264.000 para los altos asesores que estén contratados a honorarios.
En marzo del año pasado Hacienda junto con Boric ya habían entregado una circular con instrucciones similares. En esa oportunidad, se mencionaron “reglas de austeridad y transparencia para la contratación de personal”.
Se aludió, asimismo, que para mitigar cualquier desconfianza pública, se tenía que “prestar atención a los flancos que la normativa actual deja”.
