La fuerza laboral de Chile ha ido envejeciendo desde 2010, llegando en 2019 a registrar un 50% de trabajadores con edad igual o superior a los 41,2 años. La cifra es superior a lo que registran países como Uruguay y Argentina, y muy lejos de Brasil, Bolivia o Colombia.

Según un estudio del Observatorio del Envejecimiento de la UC, hacia 2031 la población en edad de trabajar llegará a su máximo estimado de 13.77 millones de personas.

El reporte “¿Está Chile Preparado para Envejecer?”, surge de la alianza entre Compañía de Seguros Con Futuro y la Pontificia Universidad Católica.

El reporte analizó las implicancias del envejecimiento poblacional en Chile, entregó información contextual y resaltó los desafíos que vienen.

Se destacó que, en los últimos años el país experimentó un incremento sostenido de la esperanza de vida y con ello, un mayor envejecimiento poblacional.

“Es importante el trabajo, porque tras el primer año se monitoreó sistemáticamente la situación de los adultos mayores en Chile. Nuestro desafío es lograr una buena integración social y económica”, dijo Mariane Krause, decana de la UC.

En el ámbito laboral, el estudio destaca que en 2019 el 6.28% de un total de 9.087.132 personas ocupadas fueron personas mayores. Éstos se desempeñan principalmente en el sector de comercio, agricultura e industria manufacturera.

En ese sentido, la manera en que se construyen las ciudades, los incentivos a la inserción laboral y la integración a otros espacios de la vida cotidiana, así como la salud, son aspectos que pasan a ser centrales y que precisamente son abordados en el reporte.

Ciudades amigables

Otro de los puntos que aborda el reporte es el de las ciudades amigables, para el que se realizó un focus group previo al período de pandemia, en el que personas mayores compartieron sus opiniones respecto a las comunas donde viven y las dificultades a las que se enfrentan.

Uno de sus hallazgos fue que las ciudades son percibidas como poco amigables por los adultos mayores. En ese contexto, uno de los aspectos peor evaluados son la falta de adaptabilidad en el transporte público, la infraestructura de paraderos, pavimentos y veredas.

Asimismo, se destacó la necesidad de generar políticas que permitan mejorar las condiciones de infraestructura de las ciudades. Lo anterior, no desde una lógica asistencialista del adulto mayor, sino considerando a las personas mayores como sujetos de derecho.

En relación a la dimensión de salud, el estudio puso en evidencia el déficit de personal médico y con especialización en geriatría.

Se señaló que si bien hubo un alza de geriatras en los últimos años –alcanzando actualmente a 143- no es suficiente pensando en que para el año 2050 se necesita contar con 1.389 especialistas.