El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, defendió la intención de limitar los traspasos entre fondos de pensiones, advirtiendo un daño de largo plazo a las jubilaciones.
El gremio de los asesores previsionales reconoce que la industria requiere regulación, pero consideran que el proyecto no apunta al foco del problema.
Es una discusión de larga data, que ayer el Ministerio de Hacienda concretó en un proyecto de ley, pero que ya ha abierto un amplio debate. Se trata de los límites a los traspasos entre fondos de pensiones, la decisión de en cuál de los multifondos se depositan los ahorros.
La iniciativa del Gobierno pretende poner una restricción a estos movimientos, sobre todo a los de carácter masivo, a través de dos reglas generales. Los traspasos pueden ser entre fondos adyacentes entre sí; es decir, del A al B, o del D al E; por ejemplo.
En caso contrario, un traspaso libre –por decirle de alguna manera-, podría ser solamente dos veces en el año. Hoy por hoy, las AFP tienen un plazo de cuatro días para concretar un traspaso de fondos, sea cual sea, que el afiliado solicite.
Y aunque en La Moneda no lo han querido mencionar explícitamente, lo que buscan es frenar las recomendaciones masivas que hacen actores como Felices y Forrados, que movilizan en torno a 5 mil millones de dólares cada vez que hacen una sugerencia a sus suscriptores.
Esto tiene al menos dos efectos principales. En primer lugar, en un plazo de cuatro días las AFP tienen que asegurar la liquidez para hacer los movimientos y mantener un colchón de recursos, lo que las obliga a vender instrumentos rápidamente con muy poca rentabilidad.
Esto tiene un impacto en la valoración de las pensiones, pero, además, de acuerdo al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, está demostrado que los movimientos de corto plazo entregan peores resultados.
La gran crítica que se hace a este proyecto es que atenta contra la libertad de los afiliados. Hay sistemas donde el fondo está determinado por la edad de cada cotizante, pero los multifondos nacionales tienen esa característica de libre elección.
Al respecto, el ministro Briones señaló que el solo concepto de ahorro forzoso y también las leyes por definición general, son siempre limitaciones a la libertad, en favor del bien común.
Aun así, por ejemplo, la presidenta de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, Ann Katharine Clarke, si bien reconoce que falta regulación en la industria, cree que el foco está mal puesto.
Hasta hace no mucho esto era una preocupación, pero no el gran problema que es hoy. Lo ha dicho el Banco Central y la OCDE, entre otros actores. Estas recomendaciones están afectando, por ejemplo, el tipo de cambio y las tasas de interés.
La volatilidad de los mercados financieros este año ha hecho que las personas tengan una mayor disposición a intentar minimizar las pérdidas a través de estos movimientos, y tanto en septiembre como en octubre se han registrado cifras históricas de traspasos dentro del sistema previsional, de acuerdo a la consultora Ciedess.
En ese sentido, el exsuperintendente de Pensiones, Alejandro Ferreiro, que lideró al organismo regulador durante el Gobierno de Ricardo Lagos, cree que la libertad tiene un límite y este tipo de movimientos nunca se contemplaron a la hora de diseñar el actual sistema.
Una tercera preocupación tiene que ver con el uso de la información privilegiada. Si una sola persona o institución tiene la capacidad de movilizar una gran cantidad de activos con una sola recomendación, se puede anticipar a los movimientos del mercado para sacar un provecho, lo que se conoce como front running.
En ese sentido, de hecho, la Cámara de Diputadas y Diputados ya aprobó la creación de una comisión investigadora para revisar todos estos temas en cuanto a las asesorías previsionales y financieras.
