Durante noviembre el Gobierno dará a conocer el proyecto de ley que modifica el cuestionado sistema de isapres, luego de variados fallos en que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema declararon ilegalidad en las tarifas cobradas por los planes de salud.

Desde el Congreso, parlamentarios de las Comisiones de Salud valoraron la propuesta, pero realizaron críticas a la inclusión de tarifas variables en el Plan Universal que la reforma pretende implementar, condicionando la eliminación de los cobros discriminatorios para menores de dos años, adultos mayores y mujeres en edad fértil.

El presidente de la Comisión en la Cámara Baja, el diputado socialista Juan Luis Castro, profundizó en estas críticas explicando que el problema de las tarifas variables es que están sujetas a discrecionalidad.

Además, enfatizó la necesidad de implementar una tarifa plana que sólo pueda ser modificada según criterios objetivos y no arbitrariamente por edad o sexo.

El PPD Guido Girardi, presidente de la Comisión en el Senado, compartió las críticas de Castro y señaló que las medidas actuales mantendrían la discriminación en el cobro de primas.

Por otra parte, abordó la importancia de que el proyecto contemple una cobertura de al menos el 80% en el costo total de las atenciones de salud, posicionando a las isapres en un rol asegurador y no prestador.

Desde la Asociación de Isapres han cuestionado este punto, señalando que un copago de esa envergadura estimularía la demanda e iría en contra del uso eficiente de los recursos.

El senador Girardi, sin embargo, planteó que la garantía financiera es parte fundamental de un seguro de salud.

El proyecto del Ejecutivo pretende establecer un 90% de cobertura para todas las prestaciones, lo que junto a la inclusión de tarifas variables constituyen los puntos más críticos que pueden entrampar el trámite legislativo de la reforma.