Este miércoles, la oposición anunció que presentará una acusación constitucional (AC) contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la controversia por las rebajas de condena otorgadas por el Gobierno a personas condenadas por delitos graves, entre ellas pederastas y responsables de violaciones a los derechos humanos.
La decisión se confirmó luego de una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, en la que el secretario de Estado se manifestó respecto a los cuestionamientos. Desde la oposición acusaron al ministro de actuar fuera de sus atribuciones y de no ajustarse a la ley, argumentos con los que buscan impulsar el proceso constitucional.
¿Cómo funciona este proceso y qué arriesga el ministro si se aprueba la acusación en su contra?
Cómo funciona una Acusación Constitucional en Chile
La actual Constitución detalla que esta figura jurídico-política puede interponerse hacia gobernadores, ministros de Estado, magistrados de tribunales superiores de Justicia, el contralor general de la República, generales o almirantes y delegados presidenciales.
El objetivo es hacer efectiva la responsabilidad de altas autoridades públicas cuando han incurrido en delitos, infracciones a la Constitución o las leyes, o abusos de poder en el ejercicio de sus funciones.
Esta debe ser presentada por un grupo de 10 a 20 diputados mientras el funcionario está en pleno ejercicio de sus funciones o hasta 3 meses después de abandonar el cargo; tiempo en el que no podrá abandonar el país sin acuerdo de la Cámara. En el caso de los presidentes, el plazo para presentarla tras dejar el gobierno es de 6 meses.
Una vez presentada la acusación, la Cámara de Diputadas y Diputados tendrá que elegir una comisión de 5 integrantes, que informen si procede o no la AC. Una vez que sea notificado el o la afectado, tendrá hasta 10 días para acudir en persona a defenderse o hacerlo por escrito.
Luego, el proceso contempla un plazo para que la comisión estudie y se pronuncie sobre la acusación, así como sesiones diarias de la Cámara para ocuparse de la acusación. Antes de que comience el debate oficial, “el afectado podrá deducir, de palabra o por escrito, la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala”.
Si la cuestión previa es acogida por la Cámara, la acusación constitucional llega a su fin; de lo contrario, continúa. Finalmente, el organismo votará su admisibilidad.
El Senado también ejerce un rol en las acusaciones constitucionales y es de jurado. En este caso, deberá declarar si la autoridad o exautoridad es culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. El veredicto deberá provenir de la mayoría de los senadores en ejercicio, y por los dos tercios si se trata de una AC contra un presidente o un gobernador.
Cuál es la sanción tras terminado el proceso
En caso de que se declare culpabilidad, la persona acusada será destituida de su cargo y no podrá desempeñarse en funciones públicas por 5 años.
“El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares”, sostiene la Constitución.
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