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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La reciente adhesión de Chile al Escudo de las Américas, propuesto por Estados Unidos para combatir el crimen organizado, ha generado polémica por las implicancias más allá de la lucha contra el narcotráfico. Mientras el Gobierno chileno defiende el acuerdo como una cooperación voluntaria enfocada en inteligencia policial y seguridad ciudadana, la declaración estadounidense revela compromisos defensivos, militares y económicos estratégicos. La inclusión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) ha despertado preocupación, ya que este pacto militar podría desdibujar los límites entre la función policial y la defensa nacional, e incluso abrir la puerta a una posible intervención con tropas extranjeras.

La reciente incorporación de Chile al Escudo de las Américas, una iniciativa multilateral impulsada por Estados Unidos para combatir el crimen organizado, ha desatado críticas y especulaciones por los eventuales alcances que podría tener más allá de la lucha contra el narco.

Mientras el Ejecutivo insiste en que se trata de un simple acuerdo voluntario enfocado en el intercambio de inteligencia policial y la coordinación transfronteriza, la Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica difundida por el Departamento de Estado norteamericano reveló un escenario que sería considerablemente más complejo.

El Tratado que podría abrir la puerta a operaciones militares, según excancilleres

La controversia estalló, en parte, luego de que se contrastara el comunicado inicial de la Cancillería chilena con el texto difundido internacionalmente. Aunque el Gobierno presentó la adhesión como un esfuerzo centrado de forma exclusiva en la seguridad ciudadana contra bandas delictivas, la versión estadounidense incorporó compromisos defensivos, militares y económicos estratégicos.

En conversación con La Tercera, el excanciller Mariano Fernández fustigó esta brecha comunicacional, señalando que el Ejecutivo no transparentó a la opinión pública la totalidad de lo acordado. “El gobierno chileno le está faltando la verdad a su opinión pública, porque lo que dicen los documentos, la declaración de Estados Unidos y la declaración conjunta que tengo aquí, agregan un conjunto de otras cosas que no tienen nada que ver con el combate al crimen organizado”, recalcó.

En este contexto, un ítem que resaltó dentro de la declaración conjunta manifiesta la intención de solicitar formalmente ante la OEA la constitución de un Órgano de Consulta amparado en los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), para promover acciones colectivas contra 24 organizaciones calificadas como narcoterroristas.

“Lo que le comunica el gobierno chileno a la opinión pública chilena no es lo que aparece en el comunicado conjunto de los estados respecto de qué se trata el Escudo de las Américas, y menos en relación a la declaración del gobierno de Estados Unidos que tiene que ver con esto y todavía, más aún, donde se menciona, finalmente, que se acudirá al Tratado Interamericano de Asistencias Recíprocas. Y el Gobierno de los Estados Unidos va más allá porque dice que va a pedir una reunión de la OEA para tratar el TIAR para los objetivos del Escudo de las Américas.“, planteó en conversación con el citado medio.

“La declaración del gobierno chileno no dice lo que la declaración del gobierno de Estados Unidos, que es completamente distinta”, apuntó el exministro de Relaciones Exteriores.

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también conocido como Tratado de Río, es un acuerdo multilateral de defensa firmado en 1947 que establece un mecanismo de asistencia mutua entre las naciones del continente americano frente a amenazas a la seguridad regional y a la soberanía.

El Artículo 6 faculta al Órgano de Consulta a reunirse de inmediato cuando la soberanía o integridad territorial se vean afectadas por una “agresión que no sea ataque armado” o cualquier situación que ponga en riesgo la paz continental.

En tanto, el Artículo 13 indica que “las consultas serán promovidas mediante solicitud dirigida al Consejo Directivo de la Unión Panamericana por cualquiera de los Estados signatarios que haya ratificado el Tratado”.

El principal problema radicaría en que el TIAR es un pacto militar de defensa mutua creado principalmente para responder a agresiones estatales externas, por lo que su invocación para combatir el crimen transnacional desdibujaría los límites entre la función policial interna y la defensa nacional.

En concreto, la declaración conjunta del Escudo de las Américas sostiene que se tiene la “intención de firmar conjuntamente una solicitud formal dirigida al Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, en la que se solicite la celebración de una reunión de consulta para decidir sobre la creación de un Órgano de Consulta, de conformidad con los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tratado de Río)”.

Además, “Una vez convocada la reunión formal del Órgano de Consulta, tenemos la intención de participar a nivel ministerial para estudiar la adopción de una resolución que promueva y facilite la acción colectiva contra las organizaciones narcoterroristas en el marco del Tratado de Río”.

“El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es básicamente un tratado en que países del continente pueden convocarlo para defenderse de potencias extranjeras. O sea, es un tratado militar. No tiene nada que ver con cooperación de la policía, del crimen organizado, de terroristas”, explicó Fernández.

El excanciller advirtió también que invocar este mecanismo militar frente a agresiones no armadas o amenazas delictivas sienta un delicado precedente, y que abre la puerta a una eventual cooperación e intervención con tropas extranjeras en suelo nacional. “Cuando usted toma acuerdos militares del TIAR podemos estar teniendo mañana tropas extranjeras en territorio chileno para proteger la democracia chilena de la supuesta invasión de un enemigo extranjero”.

Un matiz distinto es el que hizo el dos veces canciller, José Miguel Insulza, quien en conversación con El Mostrador hizo el alcance de que aunque “la interpretación que hace el Departamento de Estado es mucho más amplia que lo que dice el canciller, (…) este acuerdo Escudo de Las Américas no es un tratado, pero eso no significa que puedan movilizar efectivos militares. El TIAR es un Tratado de Defensa colectiva que está vigente, pero se usaría solo en caso de agresión por otro Estado. No veo cómo usarlo para enfrentar actividades delictuales”.

Otro excanciller que también se sumó a la discusión fue Ignacio Walker, quien en conversación con el periodista Daniel Matamala para el podcast Lo Que Importa, sostuvo que “lo más preocupante, a mi juicio, de la firma del Escudo de las Américas, en la perspectiva de esta soberanía hemisférica, es el riesgo de escalamiento hacia elementos militares, de cooperación militar”.

“Mira, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca del 47 —inicio de la Guerra Fría, comunismo, todo lo que estamos hablando—, ¿En qué terminó? En la Escuela de las Américas”, recordó Walker. “La acción de extracción de Venezuela del 3 de enero, mira lo que dijo el presidente Trump en su discurso: que la potencia victoriosa militar tiene derecho al botín de guerra. 65 mil millones de barriles de petróleo de Venezuela que ahora dependen de Estados Unidos como accionistas mayoritarios de esta empresa”.

Ejecutivo defiende adhesión y descarta vulneración de soberanía

Desde el Ejecutivo han rechazado de forma tajante que el acuerdo amenace la soberanía, remarcando que la adhesión es un compromiso voluntario no vinculante y que no constituye un tratado ratificado ni permite operaciones o presencia de fuerzas extranjeras en el país.

Además, el Gobierno ha argumentado que restarse no era una opción viable, considerando que los tres países vecinos de Chile —Argentina, Bolivia y Perú— ya integran la coalición, por lo que marginarse habría paralizado la cooperación fronteriza contra carteles como el Tren de Aragua.

Sin embargo, en el Congreso, parlamentarios han acusado opacidad por la ausencia de debate previo y exigieron la comparecencia formal del canciller para esclarecer los alcances reales, los costos presupuestarios y las garantías de que no se comprometerá la soberanía nacional.