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Las dudas sobre los alcances de la adhesión de Chile al “Escudo de las Américas” continúan creciendo. Y esta vez, el elemento que abrió el debate no provino de sus detractores, sino de Estados Unidos.

Mientras el Gobierno ha insistido en que se trata de una instancia de coordinación para enfrentar el crimen organizado, un documento difundido por el Departamento de Estado norteamericano amplió los alcances conocidos hasta ahora y dejó al Ejecutivo obligado a salir a precisar su interpretación.

La declaración conjunta habla de tres pilares: economía, seguridad y coordinación multilateral.

Y no solo contempla intercambio de inteligencia y cooperación en seguridad. También plantea fortalecer la cooperación económica, explorar mecanismos de revisión de inversiones, proteger las cadenas de suministro de minerales críticos y establecer regulaciones para proveedores de infraestructura digital.

A eso suma la coordinación de sanciones y acciones financieras contra organizaciones criminales y el compromiso de respetar la soberanía y la autodeterminación de cada país.

Pero el punto que encendió las alertas está más adelante.

Escudo de las Américas: ¿Intervención militar en Chile?

El documento plantea la intención de solicitar al Consejo Permanente de la OEA una reunión de consulta para evaluar el establecimiento de un Órgano de Consulta en virtud de los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR.

El objetivo: considerar una resolución que promueva y facilite una acción colectiva contra organizaciones narcoterroristas.

El Gobierno, sin embargo, salió a marcar distancia de la interpretación que vincula esta adhesión con una eventual intervención militar.

El Presidente José Antonio Kast sostuvo desde Nueva York que cada Estado actuará conforme a sus propias obligaciones legales y que la iniciativa no afecta la soberanía ni la institucionalidad chilena.

“En ningún momento hemos planteado una intervención militar. En esa línea, no ha cambiado en nada nuestra posición y la única presión que sentimos es articularnos a nivel internacional para combatir el flagelo del crimen organizado”, dijo.

Así, la explicación oficial apunta a que el documento no activa el TIAR. Lo que plantea es avanzar hacia una instancia de consulta y, según Cancillería, los artículos mencionados no implican por sí mismos el uso de la fuerza.

Cabe destacar que el TIAR fue firmado en 1947 y estableció un mecanismo de asistencia recíproca entre países del continente frente a amenazas a la seguridad.

Su aplicación y legitimidad, sin embargo, han sido cuestionadas históricamente, especialmente después de la Guerra de las Malvinas.

Ahora, la referencia vuelve al centro de la discusión.

El diputado Gonzalo Winter (FA) apuntó precisamente a una diferencia entre el relato del Ejecutivo y lo que aparece en la declaración difundida por Estados Unidos: “¿Cómo no voy a estar preocupado si mi presidente me dice que firmó un tratado de cooperación para enfrentar a los narcos y encuentro en la página del Departamento de Estado otra declaración firmada por mi presidente, donde dice que ha firmado un acuerdo de cooperación económica con el país que nos puso aranceles, de minerales críticos, de soberanía digital?”, se preguntó.

Líneas rojas y relación con China

En el oficialismo, en tanto, hubo respaldo transversal a la decisión de La Moneda, aunque también aparecieron reparos.

El senador Iván Moreira (UDI), por ejemplo, planteó que “no hay uso de militares, ni militares de Estados Unidos van a venir a Chile”. Pero, también abordó una eventual línea roja: que Chile recibiera presiones para abandonar la Corte Penal Internacional. “No se puede aceptar”, dijo.

Con todo, hay otra pregunta que comienza a instalarse: ¿Cuánto hay realmente de nuevo en esta cooperación?

El exfiscal regional Emiliano Arias sostuvo que el intercambio de información con agencias estadounidenses ya existe a través de canales formales de la Fiscalía Nacional.

En ese sentido, puso el foco precisamente en el valor agregado que pudiera tener esta nueva instancia frente a los tratados, convenios y equipos conjuntos de investigación que ya funcionan. “No sé qué más porque tenemos el marco jurídico necesario”, aseguró.

Desde La Moneda también respondió a los reparos el vicepresidente Claudio Alvarado, quien destacó que la cooperación también contempla una dimensión económica, particularmente para impedir que recursos financieros vinculados al crimen organizado ingresen al país.

Y frente a las dudas sobre un eventual impacto en la relación con China, señaló que “no hay ningún efecto sobre los socios o aliados comerciales que tiene nuestro país, especifícamente China”, agregando además que “eso no está en juego”.

¿Por qué Chile decidió finalmente dar el paso y dejar su condición de observador?

En la interna del Gobierno reconocen que la decisión tiene costos, pero estiman que los beneficios pueden ser mayores.

Uno de los factores es geopolítico: los tres países limítrofes de Chile -Argentina, Bolivia y Perú- forman parte de esta iniciativa.

Quedar al margen, por tanto, podía dificultar la coordinación regional en una materia que La Moneda considera prioritaria: el combate al crimen organizado.

A eso se suma el nuevo escenario de cercanía entre Estados Unidos y Argentina, marcado por una mayor cooperación en materia de defensa y seguridad.

Un contexto que Chile también observa, especialmente por el peso que tiene la relación entre Washington y Buenos Aires en Sudamérica.

En La Moneda, por lo tanto, la apuesta parece ser abrir un nuevo canal de confianza con la administración de Donald Trump, sin abandonar el equilibrio que históricamente Chile ha buscado mantener en sus relaciones con Estados Unidos y China.