La reciente explosión registrada a la altura del Hito 16, en la Región de Arica y Parinacota —donde un vehículo que presuntamente transportaba carga vinculada al contrabando ingresó a un campo minado y activó artefactos explosivos— volvió a encender las alarmas sobre un peligro latente que persiste en el extremo norte del país.
No se trata de un hecho aislado o excepcional. Episodios previos —como el registrado en el sector del Hito 15 en 2024, donde un vehículo particular ignoró las señalizaciones y provocó una tragedia con víctimas fatales, o el accidente de 2023 en el que seis soldados resultaron heridos tras pasar sobre uno de estos dispositivos— demuestran que los campos minados siguen cobrando factura.
¿Cuál es la razón de que, a décadas del fin de las tensiones que les dieron origen, aún existan estos dispositivos en la frontera norte?
¿Por qué todavía hay minas antitanque en la frontera norte?
Para entender la presencia de minas en el norte del país, es necesario remontarse a fines de los años 70. Durante el régimen de Augusto Pinochet, en un contexto de profundas tensiones geopolíticas e hipótesis de conflicto con los países vecinos —especialmente con Argentina—, se ordenó la instalación masiva de estos artefactos explosivos en la frontera.
Se estima que en total se sembraron más de 180 mil minas, entre minas antipersonales y minas antitanque, convirtiendo franjas enteras del desierto en zonas altamente peligrosas.
Décadas más tarde, tras el retorno de la democracia y con la inserción de Chile en los tratados internacionales de desarme humanitario, el país adhirió a la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales (más conocida como el Tratado de Ottawa). Este acuerdo obligó al Estado a iniciar un extenuante y costoso proceso de desminado en el altiplano y otras zonas limítrofes, el cual se dio por concluido oficialmente recién en el año 2020 con la retirada y destrucción de todas las minas antipersonales.
El comandante Rodrigo Parada, ingeniero politécnico militar del Ejército, explicó a 24 horas que “Chile, por estar adscrito al tratado de Ottawa desde el año 2001, hizo un trabajo de limpieza correspondiente a todos los elementos de minas antipersonales que existían en la frontera”, proceso que permitió retirar decenas de miles de artefactos explosivos.
¿Por qué entonces todavía existen campos minados?
Existe un factor jurídico y técnico clave que explica la persistencia del peligro actual: el Tratado de Ottawa no contempla a las minas antitanque.
Los Estados Partes se comprometen a no utilizar, desarrollar, producir, adquirir, conservar, almacenar ni transferir minas antipersonal, definidas por el tratado como minas “diseñadas para explotar por la presencia, proximidad o contacto de una persona y que incapacitarán, herirán o matarán a una o más personas”.,
– Asociación para el Control de Armas sobre el Tratado de Ottawa.
Al ser artefactos diseñados específicamente para destruir vehículos blindados y maquinaria pesada —y al requerir un umbral de presión considerablemente mayor, que suele oscilar entre los 130 y 150 kilos de peso para detonar—, las minas antitanque municiones se rigen por normativas internacionales diferentes.
“Las minas antipersonales son elementos explosivos más pequeños, los cuales tienen alrededor de 29 gramos de explosivos y que se activan bajo una presión de alrededor entre los 15 y los 20 kilogramos”, explicó Parada. En el caso de las antitanque, sostuvo que “poseen una mayor cantidad de explosivos, alrededor de 10,5 kilogramos de TNT y son activados alrededor de los 160 o 200 kilogramos de presión”.
Esto ha hecho que su remoción total sea un proceso técnicamente más complejo, lento y supeditado a los planes de defensa nacional.
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