El pasado 9 de abril, el presidente José Antonio Kast promulgó la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad.
La iniciativa, que fue ingresada al Congreso durante el gobierno anterior, generará el traspaso desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Ministerio de Seguridad Pública. Este proceso será diseñado y acompañado por un comité de expertos.
Al respecto, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, señaló durante la promulgación de la normativa que dicho comité “velará porque cada etapa de este proceso se realice con rigor técnico, responsabilidad y visión de Estado. Nuestro compromiso es claro: avanzar en más seguridad para el país, resguardar y guardar la dignidad de las personas privadas de libertad y fortalecer el trabajo de quienes cumplen una función en el sistema penitenciario”.
¿En qué consiste la reforma a Gendarmería?
A partir de ahora, Gendarmería adquiere un rango constitucional, por lo que ya no es un servicio público de rango legal, lo que se traduce en que su existencia, funciones y principios básicos quedarán reconocidos directamente en la Constitución, y no solo regulados por leyes comunes, como ocurría hasta la fecha.
Por otro lado, la propuesta indica que el ingreso a plantas y dotaciones deberá realizarse solo a través de sus propias escuelas, con excepción de:
– Escalafones profesionales.
– Empleados civiles que defina la ley. Los nombramientos, ascensos y retiros de oficiales se harán mediante decreto supremo.
Adicionalmente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explica que la reforma apunta a una “lógica triple”:
1. Dotar a Gendarmería de vínculos institucionales y recursos propios de una fuerza de orden para reforzar la seguridad al interior de las cárceles.
2. Enfrentar de manera más eficaz el crimen organizado que opera desde las cárceles, reconociendo que la complejidad del fenómeno requiere una coordinación estrecha con las demás instituciones de seguridad del Estado.
3. Separar la custodia penitenciaria de la reinserción social, que coexistían bajo el mismo ministerio. Mientras que la primera pasará a Seguridad Pública, la segunda quedará como tarea para Justicia.
¿Qué pasa con las asociaciones de funcionarios?
Uno de los alcances polémicos tiene relación con la disolución de las asociaciones de funcionarios. Sobre este tema, el experto en seguridad y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes (Uandes), Juan Ignacio Nicolosi, explica que “la huelga es ilegal para los funcionarios del Estado” y advierte que las instituciones de seguridad, incluida Gendarmería, deben priorizar el cumplimiento de sus funciones por sobre intereses gremiales.
En esa línea, plantea que el nuevo marco institucional podría ayudar a ordenar el rol de estas organizaciones, evitando que se transformen en grupos de presión sobre la autoridad.
Una misma estructura
El académico plantea que el traspaso de ministerios que vivirá Gendarmería representa una ventaja relevante. “Es muy importante desde el punto de vista estratégico tener el control de la seguridad pública, la persecución penal y la reclusión de los internos en una misma estructura”, comenta.
En esa línea, agrega que “te da la posibilidad de controlar todo ese proceso”, especialmente frente a fenómenos como el crimen organizado, que —advierte— también se articula al interior de las cárceles, siguiendo patrones observados en otros países de la región.
Sin embargo, el experto también advierte riesgos. “Poner todas estas instituciones bajo un mismo paraguas puede significar contaminación cruzada”, explica Nicolosi, apuntando a que problemas de corrupción detectados en Gendarmería podrían trasladarse a otras instituciones.
“Los casos de corrupción que hemos visto en Gendarmería son bastante graves”, enfatiza, por lo que recalca la necesidad de mantener una diferenciación clara entre funciones, “juntos, pero no revueltos”.
En ese sentido, subraya que la coordinación institucional debe ir acompañada de estándares más altos de control y fiscalización. A su juicio, no basta con centralizar funciones, sino que también es clave evitar que debilidades estructurales de una institución impacten al resto del sistema de seguridad.
Respecto a la reinserción social, Nicolosi valora que esta se mantenga bajo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ya que permite “una focalización de los recursos” en un ámbito clave dentro de la cadena delictual. Asimismo, sostiene que este nuevo escenario debiera traducirse en mayores exigencias y resultados en esa área, considerando la complejidad de los procesos de rehabilitación.
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