Hay unanimidad sobre la necesidad y urgente de modernizar la ley y la institucionalidad vinculada a la defensa del Patrimonio Cultural. Ese ha sido argumento central para tratar de aprobar una ley que ha generado gran rechazo en diversos sectores. Desde los trabajadores del propio Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a instituciones, especialistas, colegios profesionales hasta llegar a comunidades por el Patrimonio.
¿Qué hay detrás de la insistencia de Gobierno, a punto de terminar, para que se apruebe el proyecto de ley? Puede ser un tema de números, subir el porcentaje de iniciativas legislativas aprobadas. Puede ser la perseverancia de Emilio de la Cerda, Subsecretario del Patrimonio, convencido de las bondades del proyecto o necesidad de logro.
Lo cierto es que el proyecto insiste, a pesar de los cambios, en dejar el Patrimonio Cultural a merced de los gobiernos de turno. Como si el Patrimonio Cultural fuera un tema que puede modificarse con cada administración. Así, quienes deciden qué es Patrimonio como cuáles podrían dejar de serlo, será decidido por una mayoría de personas nombradas por el gobierno de turno.
El tema es grave, sabiendo por experiencia que, frente a urgencias políticas o contingentes, el Patrimonio es moneda de cambio de fácil transacción o frente a proyectos considerados emblemáticos por una administración.
Después de la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, con votos de la oposición. Parece incomprensible que aspectos centrales, como es darle sostenibilidad en el tiempo a una política nacional y local de Patrimonio o la necesaria Consulta Indígena, no sean consideradas.
Como en otras ocasiones en estos tres años y medio, se han levantado nuevamente voces rechazando el proyecto. Entre ellos, está la Unión Nacional de Artistas (UNA) y el Frente por el Patrimonio, que reúne a sindicatos del Mincap, colegios profesionales, Sidarte, la Sech y organizaciones ciudadanas.
