Las últimas movidas del gobierno de Piñera que inquietan a defensores del mar y salares

Créditos: Lukas Solís | Agencia UNO
Publicado por Michelle Carrere
La información es de Mongabay Latam

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Domingo 13 febrero de 2022 | Publicado a las 09:00 · Actualizado a las 09:01

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A semanas de dejar el cargo, el presidente Sebastián Piñera puso urgencia a la tramitación de un proyecto de ley que abre la posibilidad a que centros de cultivo de salmones sigan funcionando en áreas marinas protegidas. Esto llega poco después de otro polémico movimiento del Gobierno saliente, el que adjudicó la licitación para impulsar la producción de litio, generando una ola de críticas.

A días de dejar La Moneda, algunas movidas del gobierno de Piñera a favor de la industria salmonera inquietan a diversos actores de la defensa del mar.

Uno de ellos, por ejemplo, fue el salvavidas que lanzaron el 26 de enero.

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Ese día, la Comisión de Intereses Marinos, Pesca y Acuicultura del Senado aprobó en general un proyecto de ley.

La idea fue presentada por el presidente Sebastián Piñera para introducir la figura de “concesión acuícola sustentable”.

Eso para permitir que la industria salmonera pueda seguir operando en las áreas naturales protegidas.

Proyecto ciudadano busca justamente lo contrario

Agrupaciones medioambientales y expertos en conservación cuestionaron la iniciativa.

No solo porque la ciencia ya ha demostrado los impactos que tiene la salmonicultura en los ecosistemas marinos, sino también porque el proyecto fue presentado de forma paralela a otro que nació de la ciudadanía y que busca justamente lo contrario.

¿Qué, específicamente? Prohibir que se sigan ingresando nuevas solicitudes de concesiones salmoneras dentro de áreas protegidas.

Junto con ello, también se busca establecer un plazo de salida para las que ya fueron otorgadas.

Áreas marinas protegidas en peligro

A inicios de 2021, una investigación de Mongabay Latam reveló que de las 1.407 concesiones otorgadas para criar salmones 416 (el 29,67%) se encontraba al interior de espacios marinos que tienen alguna categoría de protección y que, además, 105 concesiones en trámite buscaban instalarse al interior de sectores de interés natural.

Esto ocurre a pesar que la ciencia ha demostrado que la crianza de salmones a gran escala tiene serios impactos en los ecosistemas marinos.

De hecho, la industria salmonera en Chile ha protagonizado diversos escándalos medioambientales y sanitarios que han perjudicado no solo los recursos marinos sino también la calidad de vida de los ciudadanos.

Revisa las concesiones

Mira en este mapa el total de concesiones para salmonicultura que se han entregado a través del tiempo, aquellas que se encuentran al interior de áreas naturales protegidas (ANP) y las que están en etapa de trámite. También puedes buscar por área protegida.

Industria salmonera en la Patagonia

En la Patagonia, donde se ubica la industria salmonera, se combinan ecosistemas de fiordos — canales de agua de mar — con grandes masas de hielo.

Ellos permiten la existencia de características “únicas e irrepetibles”, aseguró Alex Muñoz, director para América Latina del programa Pristine Seas de National Geographic.

Por lo mismo, en el mar de la Patagonia chilena existen numerosas especies que no habitan en ningún otro lugar del mundo.

La zona es sitio de reproducción y alimentación de animales como las ballenas azules, que están en peligro, y sus bosques de algas son uno de los mayores sumideros de gases de efecto invernadero ayudando a reducir los impactos del cambio climático en todo el planeta.

Por eso, “Chile debe prohibir la salmonicultura en todas las zonas sensibles de la Patagonia”, dijo Muñoz.

Lo anterior en relación al proyecto de ley que, tras ser impulsado por científicos, comunidades indígenas y conservacionistas, fue presentado a fines del 2021 al Congreso Nacional para prohibir que se sigan ingresando nuevas solicitudes de concesiones salmoneras dentro de áreas protegidas.

“Es una contradicción que el Estado reconozca la fragilidad de los ecosistemas en la Patagonia Austral, al mismo tiempo que autoriza el funcionamiento de industrias que los degradan”, dijo el presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Jorge Brito, al presentar el proyecto de ley.

Proyecto del gobierno de Piñera recibe lluvia de críticas

Tres meses después, el nuevo proyecto ingresado al Congreso abre la posibilidad que los centros de cultivo sigan funcionando en áreas protegidas.

“Es inaceptable que el Gobierno saliente se preste una vez más, para favorecer al sector salmonero y la acuicultura, elaborando y propiciando un proyecto que va en un sentido totalmente contrario al presentado por las organizaciones”, dijo la representante de la Fundación Elemental Nature, Ximena Schott.

La propuesta del Gobierno argumenta que es necesario “compatibilizar la actividad económica con la sustentabilidad y cuidado y protección de la naturaleza y el medio ambiente”.

Aquello considerando que “la salmonicultura crea en torno a 35 mil puestos de trabajo de manera directa y una intensa red de proveedores de servicios e insumos”.

Para “enfrentar la problemática sobre la interacción de la acuicultura con las áreas protegidas”, señala el documento, el proyecto de ley busca introducir la figura de “concesión acuícola sustentable”.

Para eso se exigirían requisitos tales como la innovación tecnológica, la respuesta frente al cambio climático, el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos o el uso apropiado de antibióticos y antiparasitarios.

“Es una figura que suena bastante extraña como si fuese algo aparte de una concesión normal”, sostuvo Victoria Belemmi, abogada de la ONG Fiscalía de Medio Ambiente (FIMA), que lleva algunos casos de defensa del territorio de las comunidades indígenas Kawésqar en la zona.

“Todas las concesiones deberían cumplir con estos requisitos mínimos”, agregó.

Además, Maximiliano Bello, experto en política pública para la conservación de los océanos y miembro de la organización Mission Blue, creada por la reconocida oceanógrafa Sylvia Earle, recordó que la propuesta del Gobierno “no tiene ningún asidero científico” y que “es una respuesta de la presión de la industria del salmón, quienes continúan tratando de erosionar la imagen y el patrimonio natural del país”.

Por ahora, el proyecto continuará siendo analizado en particular durante las próximas sesiones de la comisión en el Senado.

De ser aprobado, el reglamento que fije el emplazamiento, el plazo y mecanismo de asignación de las concesiones acuícolas sustentables deberá dictarse dentro del plazo de ocho meses contado desde la publicación de la ley.

Salmoneras en Patagonia
Vreni Häussermann

Salares en peligro

Otro de los movimientos que ha realizado el Gobierno saliente durante sus últimas semanas de gestión y que ha causado revuelo fue la adjudicación de la licitación para la explotación de litio.

El Ministerio de Minería optó por entregarle a las empresas BYD Chile Spa (pertenecientes a la empresa china fabricante de baterías ByD) y a Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. una cuota de 80 mil toneladas de litio metálico comercializable a cada una.

Ambas compañías tendrán un plazo de siete años — prorrogables por otros dos — para hacer la exploración geológica y desarrollar el proyecto minero.

Luego tendrán 20 años para la producción.

La licitación había generado polémica desde un inicio por realizarse a meses de que termine el mandato de Piñera.

Todo a pesar que la oposición y el presidente electo, Gabriel Boric, que en su programa propuso crear una empresa nacional del litio, pidieran detener el proceso.

¿Qué querían? Permitir “tener un debate de largo aliento respecto a un bien tan estratégico como el litio”.

Pero la ola de críticas se suscitó cuando el Gobierno anunció la adjudicación de la licitación dos días antes que venciera el plazo.

Y eso justo ocurrió poco antes de la cita que se había convocado en el Congreso para discutir justamente los términos de las concesiones y a la que el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, debía asistir.

Licitación del litio del gobierno de Piñera y componente ambiental

La controversia, si bien política, también tiene un componente ambiental importante.

Según Cristina Dorador, científica experta en salares y miembro de la Convención Constitucional​, “la discusión se circunscribe a quien explota, si es que es el Estado o son privados, pero se le da poca relevancia al factor ambiental”.

Esto, a pesar que el litio se obtiene a partir de la extracción de salmuera, es decir, del agua con sal que está en los salares y que sostiene la vida vegetal y animal en estos frágiles ecosistemas.

Uno de los puntos más críticos de la polémica licitación en términos ambientales es que “no queda claro exactamente cuáles son los posibles emplazamientos de proyectos”.

Eso lo recalcó senadora Isabel Allende, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado.

Lo que sí está claro, agregó la parlamentaria, es que “los nuevos proyectos de litio no se llevarán a cabo en el Salar de Atacama”.

¿Por qué? “(Ahí) No hay mucho más espacio para poder explotar litio, teniendo en cuenta además la sustentabilidad del propio salar”, complementó.

El problema de esto es que a pesar que los salares son ecosistemas clave para la vida de numerosas especies, algunas de ellas en peligro, como los flamencos, no todos están protegidos.

Lo que es peor, ni siquiera los que están bajo alguna categoría de protección están libres de ser afectados por la minería.

A esto se suma el impacto de la actividad en la vida de las comunidades locales.

Salar de Maricunga en la mira

Una reciente investigación de Mongabay Latam en alianza con Ladera Sur detectó que 40 proyectos mineros se ubican al interior, en los límites o en zonas próximas a 16 parques y reservas nacionales.

Ello se debe a que los decretos que crean los parques y reservas en Chile no contemplan una zona de amortiguamiento en torno a ellos.

Pero también porque a pesar que la legislación chilena prohíbe las actividades extractivas dentro de las áreas protegidas, si el Presidente de la República considera que la explotación es de interés nacional, lo puede autorizar.

“Lo único que protege a los demás salares desde el punto de vista ambiental es la normativa de aguas, que no tiene particularmente un estándar ambiental, y el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, del cual la ciudadanía desconfía enormemente luego del caso Dominga”, señaló Allende.

Prueba de ello es lo que ocurre en el Salar de Maricunga, uno de los casos analizados en la investigación periodística.

Tres proyectos de litio se sitúan al norte de este salar y próximos al Parque Nacional Nevado Tres Cruces.

César Pizarro, Jefe de la Sección de Conservación de la Diversidad Biológica de la Corporación Nacional Forestal de la región de Atacama (Conaf), que administra el parque, explicó que el sector sur del salar forma parte del parque nacional, pero el sector norte, donde se encuentra su núcleo, no.

“Por lo tanto, los proyectos mineros del litio se están instalando en todo el sector norte (no protegido) del Salar de Maricunga”, de acurdo al experto.

Pero tanto científicos como las comunidades colla argumentan que un salar es una estructura biológica, física y químicamente única, donde todo está unido.

Por ello resulta imposible pensar que lo que ocurre en el sector norte, núcleo del Salar de Maricunga, no afectará al sector sur.

Cristina Dorador critica licitación del litio por parte del gobierno de Piñera

En opinión de Dorador, lo ocurrido va en dirección contraria al proceso que Chile se encuentra realizando con la redacción de una Constitución que se espera sea ecológica.

“No se deberían tramitar proyectos de tal relevancia, como es el caso de la licitación de litio, durante un proceso constituyente donde nos estamos preguntando justamente cuáles son los desafíos que tiene Chile y cómo vamos a enfrentar estos temas relacionados con la economía y la naturaleza en las próximas décadas”, zanjó.

A mediados de enero diputados de oposición acudieron a la Contraloría General de la República.

¿Qué buscaban? Dejar sin efecto la licitación del litio apuntando a “vicios de legalidad en el proceso de adjudicación”.

Además, la Corte de Apelaciones de Copiapó decidió suspender el proceso de licitación.

La determinación se tomó luego que se presentaran dos recursos de protección.

Uno fue interpuesto por el gobernador de Atacama, Miguel Vargas.

La otra acción la presentó la Comunidad Indígena Colla Pai Ote, que argumentó no haber sido consultada.

Eso lo exige el Convenio 169 de la OIT, al cual Chile está suscrito.

Aunque el gobierno presentó recursos de reposición para revertir la resolución, la justicia negó la solicitud.

De esta forma, por ahora, no se podrá avanzar en el proceso de licitación.

Este artículo fue publicado originalmente en el medio de comunicación de noticias ambientales Mongabay Latam

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