El patrimonio cultural es parte constitutiva de las relaciones humanas. Es parte de aquello que un grupo de personas ‐una comunidad, una sociedad, un pueblo‐ reconocen como elemento significativo para la preservación y resguardo de su cultura e identidad.
Por Tania González, Ex Presidenta Nacional
Oscar Peñafiel, Presidente Nacional
Asociación Nacional de Trabajadoras(es) del Patrimonio‐ANATRAP
En ese sentido, el patrimonio cultural es dinámico, es portador de una historicidad, en tanto los grupos humanos mutan la significación que le dan a los elementos simbólicos que los constituyen y cohesionan. Dicha historicidad es profundamente política, es el resultado de fuerzas sociales que disputan la expresión simbólica de sus relaciones sociales e identidad cultural.
En Chile ha primado una concepción estática del patrimonio, que evita su pluralidad, que evita su disputa, que niega su transformación. Esta concepción, hegemónica, es la expresión en el orden simbólico de quienes han sostenido el poder por más de 200 años de historia republicana: elites oligárquicas y empresariales que reproducen una cultura de la dominación y de la conquista, una cultura patriarcal, clasista y profundamente racista. No podemos negar que desde principios del siglo XVIII el patrimonio cultural se encuentra reducido a la expresión monumental de los gobernantes, imponiendo símbolos ajenos a la imagen de un pueblo y sus comunidades.
La revuelta popular iniciada el 18 de octubre ha puesto en tensión la concepción hegemónica del patrimonio cultural, y una explosión de creatividad ha emanado desde el pueblo para recrear y resignificarlo, reemplazando, aboliendo o interviniendo estatuas de conquistadores y genocidas a la vez que remoza a nuestra Gabriela Mistral, deja intacto a Manuel Rodríguez, o las reemplaza como fue el caso del monumento de Francisco de Aguirre por el dorso de una mujer diaguita en la ciudad de La Serena. La revuelta popular se ha apropiado del espacio público, dislocando la ciudad segregada para crear un nuevo patrimonio popular que se expresa en muros, memoriales y animitas. El Negro Matapacos es la mayor expresión de un patrimonio quiltro que se está liberando a sacudidas del peso del patrimonio monumental soldadesco de las elites blancas.
Los representantes de la oligarquía han puesto el grito en el cielo por la destrucción del patrimonio monumental que ha implicado la revuelta popular, pero nunca han dicho nada sobre las décadas de destrucción y saqueo patrimonial que el Estado y el sistema mercantil ha efectuado, ejemplo grotesco de ello, sobre el patrimonio cultural del pueblo nación Mapuche, que ha visto destruidos sus bosques, ríos, cementerios, lengua, cosmovisión y otros aspectos constitutivos de su identidad cultural. Se niegan a reconocer el derecho colectivo al patrimonio cultural, negando la diversidad de sus territorios y sus dinámicas culturales.
En este contexto es que se está debatiendo actualmente, en la comisión de cultura de la cámara de diputados, el proyecto de Ley del Patrimonio Cultural presentado por el subsecretario Emilio De la Cerda. Un proyecto que ha sido construido sin la participación que legitime su contenido, transgrediendo a la diversidad de comunidades, pueblos originarios, cultores y a la sociedad en general. Un proyecto que ha sido presentado sin llevar acabo la consulta indígena previa que orienta el convenio 169 de la OIT. Un proyecto que no ha tomado en cuenta el parecer de las y los trabajadores del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Un proyecto que es, además, técnicamente deficiente y que reproduce las concepciones hegemónicas del patrimonio cultural.
Estamos conscientes de la necesidad de modernizar y actualizar nuestra legislación vigente en materia de patrimonio cultural, pero no es posible concebir un proyecto sin participación, debemos ser capaces de comprender (todes les actores) que no estamos hablando de legislar respecto a un bien de consumo o de un servicio más del estado, sino que se trata del alma de nuestro país, su esencia como pueblos diversos, el patrimonio cultural es la base fundante de las identidades culturales, de aquello que nos hace encontrarnos y reconocernos en nuestra diversidad territorial y de cosmovisión. Es algo que le pertenece a las comunidades y que el Estado no puede arrebatar para legislar a favor de unos pocos, y mucho menos definir como lo ha hecho siempre, qué es patrimonio y qué no lo es. Deben ser las comunidades en sus territorios quienes determinen qué vamos a resguardar y preservar, ese proceso de memoria histórica les pertenece.
Hoy ante un país convulsionado y demandante de dignidad y justicia, donde las formas de poder se cuestionan, donde buscamos de‐construirnos para ser una sociedad más digna y justa, nos parece necesario y ético asumir nuestro compromiso con la sociedad en su conjunto, en defensa del patrimonio cultural y su futuro.
