El 19 de junio son las primarias legales y en la región del Bío Bío son 16 las comunas que se van a someter a estos comicios, con candidatos que han debido preparar el camino, ajustarse a la ambigua legislación existente y sobre todo, eliminar cualquier tipo de incompatibilidad para competir.

Casos como el de Eduardo Borgoño de la UDI y Eduardo Saavedra del PS, exconsejeros regionales que tuvieron que renunciar a su cargo para poder competir, al igual que el exdirector regional del Injuv Leocán Portus, todo en pos de quedar “habilitados” para enfrentar el proceso.

Sin embargo, no todos los funcionarios públicos que son candidatos tienen la “obligación” de dejar sus puestos de trabajo para enfrentar una primaria, ya que esta necesidad llega sólo hasta los directores regionales y existe una serie de trabajadores estatales que están en campaña, y al mismo tiempo, sirviendo al Gobierno.

Uno de los casos es el consejero regional de la UDI Jaime Vásquez, quien al ser candidato único de Chile Vamos para el sillón municipal de Lota no debe enfrentar una primaria; sin embargo, además de su cargo en el CORE, al que debe renunciar en julio, es asesor del Servicio de Salud de Concepción.

“No tenemos ninguna incompatibilidad, estamos actuando bajo la legalidad, en un derecho que tenemos todos al trabajo y al desempeño profesional”, dijo Vásquez, agregando que no resulta una falta a la ética tener la libertad de hacer campaña después del horario laboral.

Otros casos de este tipo se observan también en el candidato a primarias por la DC en Los Álamos Franklin Liencura, quien además de concejal es jefe de área del Indap en Arauco; o como el representante local del mismo servicio pero en Coelemu, el también DC Alejandro Pedreros, ambos aspirantes a ser alcaldes y que hoy son funcionarios de Gobierno.

Sin embargo, este tipo de relaciones laborales no son incompatibles con hacer campaña, tal como lo aseguró la directora regional (s) del Servel en el Bío Bío Pamela Manriquez, quien reiteró que sólo los funcionarios de “alta confianza política” deben renunciar.

Debido al ambiguo marco regulador, la Contraloría General de la República emitió un instructivo bastante claro sobre el comportamiento de los funcionarios públicos en un año de campaña, documento que el seremi de Gobierno Enrique Inostroza recuerda fue detallado de “manera clara” a todos los funcionarios públicos que buscan ganar una elección.

El marco legal ha sido criticado por su ambigüedad, con múltiples modificaciones legales y casos de financiamiento irregular que harán de estas elecciones un proceso “observado” en materias de probidad y transparencia.