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Corte Suprema ordenó pagar cerca de $2 mil millones a ex presos políticos en Dictadura
Publicado por: Gabriela Mu√Īoz
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La Corte Suprema rechazó un recurso de casación interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado y ratificó la sentencia que condenó al Fisco a pagar la suma de $3 millones a 659 personas que pasaron por los centros de detención que dispuso la dictadura entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo Tribunal ordenó pagar la suma a los ex prisioneros por considerar que fueron víctimas de un delito de lesa humanidad.

“Las acciones civiles aqu√≠ entabladas por las v√≠ctimas en contra del Fisco, tendientes a conseguir la reparaci√≥n de los detrimentos ocasionados, encuentra su fundamento en los paradigmas generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagraci√≥n normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparaci√≥n completa“, concluye el fallo.

En la demanda presentada por el abogado Víctor Rosas, y desestimada en primera instancia, por el Vigésimo Quinto Juzgado Civil de la capital en julio del 2013, describe los vejámenes de que fueron víctimas los detenidos en la época.

“Privaci√≥n de toda ropa y abrigo para reducir la temperatura corporal y abatir las defensas psicol√≥gicas de los prisioneros; baldazos de agua fr√≠a; aplicaci√≥n de agua a chorros en boca, o√≠do y narices; aislamiento prolongado, manteniendo a los prisioneros encapuchados y atados, priv√°ndolos as√≠ de las nociones de tiempo y espacio para desorientarlos; amenazas de torturar, violar y da√Īar a los familiares; luego la ejecuci√≥n de dichas amenazas delante de los prisioneros; ataduras permanentes de manos y pies; traslado de los prisioneros unos encima de otros, hasta producir asfixia a quienes se encontraban m√°s abajo; atropellos, y clavados con punzones, cuchillones y bayonetas; hacerlos correr con los ojos cubiertos para que √©stos se estrellaran o cayeran por las escalinatas o al vac√≠o; el encierro en jaulas y cajoneras sin un m√≠nimo de movimiento; permanecer de pie indefinidamente por d√≠as o tendidos en el pavimento o en la tierra y con las manos en la nuca, sin permitir el descanso o cambio de posici√≥n; aplicaci√≥n de corriente en las partes m√°s sensibles del cuerpo o en heridas abiertas; uso de cascos met√°licos que emit√≠an agudos sonidos hasta enloquecer a las v√≠ctimas; colgamientos, golpizas hasta destruir tejidos blandos y dejar los huesos al descubierto; empleo de drogas e hipnosis para destruir la resistencia de aqu√©llos; en las interrogaciones, la inmersi√≥n en l√≠quidos, tinas con aguas sucias, incluso fecas, r√≠os, lagunas, piscinas, en el mar, hasta hacer perder la conciencia a la v√≠ctima, que luego era reanimada para continuar el procedimiento; violaciones y abusos sexuales contra de hombres y mujeres, incluso con la utilizaci√≥n de animales; quemaduras; arrancamiento de las u√Īas; privaci√≥n de alimentos, l√≠quidos y servicios sanitarios; y por √ļltimo, entre otros, castigos consistentes en proporcionar alimentos descompuestos o suciamente adulterados con sustancias extra√Īas”.

El fallo de la Corte Suprema se adoptó con el voto en contra del ministro Juan Fuentes Belmar y del abogado integrante Arturo Prado, quienes consideraron que en el caso operó la prescripción de la acción civil.

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