No generó consenso en la Nueva Mayoría ni en la oposición, la normativa que aprobó el Senado en el marco de la tramitación de la agenda corta antidelincuencia, que busca sancionar penalmente a quienes filtren investigaciones de la Fiscalía.
Desde la UDI, partido que se ha visto más afectado por los casos de financiamiento irregular de la política defendieron la indicación. Hernán Larraín aseguró que se discutió extensamente en la comisión, ya que fue una solicitud que hizo el mismo Ministerio Público.
El legislador dijo que la normativa contribuye a que se haga una buena investigación y evita que se dañe a las personas que están siendo indagadas. Además descartó que se busque beneficiar a “los poderosos”.
Por su parte, el diputado y presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, aseguró que evaluarán la iniciativa y verán si es que le dan su respaldo o no.
Desde la Nueva Mayoría también hubo diferencias sobre la normativa. El presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, la respaldó y expresó que las investigaciones que están con reserva no deben sufrir filtraciones. Mientras que el senador del MAS, Alejandro Navarro, indicó que es una indicación controvertida que busca proteger a personas vinculadas al poder.
El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, agregó que con esta indicación se provoca una mayor desconfianza ante la ciudadanía.
En tanto, el senador independiente, Alejandro Guille, insistió en que con la norma le “metieron un gol” , ya que no conocía el detalle y repercusiones de la indicación. Además agregó que se debe revisar en la Cámara de Diputados.
