Por más de tres horas estuvieron reunidos en el Ex Congreso Nacional, diputados y autoridades para tratar la apropiación indebida de los fondos de la ley reservada del cobre.
En la instancia, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, dijo que en abril comenzará una auditoría de prioridad nacional a todas las instituciones de las Fuerzas Armadas que administran fondos de la ley reservada del cobre.
Bermúdez aseguró que el control que existe para los recursos no son suficientes, porque no hay un archivo ordenado de los asuntos.
El coronel Fernando Grossi, quien fue tesorero del Ejército entre los años 2011 y 2012, señaló que su función era llevar el saldo de los recursos y aseguró que los pagos legales o ilegales están imputados en el decreto supremo.
Asimismo, reafirmó que era imposible saber si las facturas eran falsas en el denominado caso Milicogate.
Sobre la investigación de Fiscalía respecto a determinar si los inversionistas de AC Inversions estarían ligados al Ejército, el contralor Bermúdez enfatizó que siempre los fenómenos de corrupción están ligados a una gran maquinaria que hace que estas situaciones se produzcan, por lo tanto no le llama la atención la vinculación, que a su juicio, sería lógica.
El caso Milicogate involucra facturas emitidas entre los años 2010 y 2012 por un total estimado de $6 mil millones.
