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Acuerdo por caso Tsunami enfurece a querellantes: “Se negoci√≥ la impunidad”
Publicado por: Erik López
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Un rechazo general entre los querellantes gatilló el acuerdo entre la Fiscalía Occidente y los seis imputados por el caso Tsunami, el que permitirá a los acusados evadir el juicio oral por la falla en la alerta que terminó con 104 personas muertas el 27 de febrero de 2010.

Entre las condiciones que se fijan para esta suspensi√≥n se encuentra pedir perd√≥n -aunque ha trascendido que los imputados leer√°n un texto en el cual no pedir√≠an perd√≥n completamente-, adem√°s de tener un comportamiento intachable durante un a√Īo y entregar compensaciones econ√≥micas.

El ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, pagar√° la suma m√°s alta, correspondiente a $80 millones para este acuerdo. En tanto la ex directora de la Onemi, Carmen Fern√°ndez, deber√° desembolsar un monto de $40 millones. En el caso del ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett, pagar√° $2 millones.

Los ex marinos imputados, el ex director del SHOA Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones Andrés Enríquez y el ex oficial Mario Andina, deberán cancelar $40 millones cada uno como indemnización para las víctimas.

El acuerdo fue comunicado por el fiscal José Luis Pérez Calaf a los querellantes en la tarde de este lunes, quienes le manifestaron que se opondrán a esta medida.

Sobre este acuerdo, el abogado Ra√ļl Meza apunt√≥ directamente al persecutor que asumi√≥ en este cargo en enero, sucediendo a Solange Huerta.

“D√©jenme realizar un reconocimiento a la fiscal Huerta [...], porque ella nunca se plante√≥ una salida de tan menor entidad y tan vergonzosa para el da√Īo de las v√≠ctimas como es una suspensi√≥n condicional”, afirm√≥, calificando como un “p√©simo precedente” el establecimiento de este acuerdo.

En tanto el tambi√©n querellante Carlos Ferli calific√≥ como “exigua” la reparaci√≥n econ√≥mica contemplada en el acuerdo y adelant√≥ que pedir√°n v√≠a Transparencia Activa los detalles de los montos que se requirieron para estos seis a√Īos de investigaci√≥n.

“No puede ser en Chile que haya una causa que se invirtieron millones de d√≥lares y hoy termine con una suspensi√≥n condicional de procedimiento que no beneficia a ninguna de las v√≠ctimas“, asegur√≥ Ferli.

Tambi√©n estuvo en la reuni√≥n el abogado Alfredo Morgado, quien confirm√≥ que parte de los montos que deber√°n pagar los seis imputados se destinar√°n a la organizaci√≥n de un seminario donde se analizar√≠an las fallas institucionales del 27F: “Nos vamos a oponer todos en la audiencia como abogados querellantes, y tambi√©n requerimos que se notificara a todas y cada una de las v√≠ctimas para que tuvieran la oportunidad de ser escuchadas ante el tribunal”.

El acuerdo será presentado el próximo lunes por parte del fiscal Pérez Calaf ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Fiscal: “Una sentencia no siempre soluciona un conflicto”

Tras la reunión, el fiscal occidente José Luis Pérez Calaf confirmó los alcances del acuerdo y lo calificó como una medida apropiada ante un caso complejo con una investigación de larga data.

“Si bien fue una investigaci√≥n larga, acuciosa, creemos que no siempre una sentencia es la soluci√≥n a un conflicto. Una sentencia no necesariamente va a determinar reparar a una v√≠ctima que sufri√≥ la p√©rdida de un pariente, la muerte de una persona”, sostuvo el persecutor.

Por ello Pérez Calaf expresó que a la hora de sentarse a dialogar con los imputados, advirtió que debía primar el interés de las víctimas, agregando que solo una familia presentó una demanda y, en el caso de un juicio oral, el resto de las víctimas no habría tenido derecho a recibir la reparación que hoy se ha oficializado.

“Quiz√°s no es la que uno esperar√≠a una v√≠ctima que ha sufrido la p√©rdida de un hijo, o de otro pariente, reciba de parte de un imputado. Pero es algo m√°s que hoy mismo tienen derecho a recibir. Es m√°s que lo que tendr√≠an derecho incluso, una vez finalizado un juicio”, a√Īadi√≥.

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