Como una “letra chica” en materia de transparencia es apuntada la ley 19.628 sobre protección a la vida privada, misma que invocó el administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, para justificar el resguardo a parte de su declaración de patrimonio.
De este modo, en su declaración no figuran las actividades profesionales y económicas que desempeñó previo a su llegada a la sede del Ejecutivo. Tampoco figura la información sobre las tasaciones fiscales y comerciales de los bienes inmuebles a su haber, al igual que un estacionamiento y una bodega de la cual es propietario.
Pese a que el vocero de Gobierno subrogante Osvaldo Soto señaló que esta reserva se ajusta a la normativa, el ministro del Interior, Jorge Burgos, se desmarcó por completo de esta línea.
Advirtiendo que se referiría a título personal y no del Gobierno, el secretario de Estado estima que quienes desempeñen cargos públicos deberían rendir sus declaraciones sin ningún tipo de restricción.
“Teniendo presente además que soy ministro del Interior, no me puedo abstraer de eso, yo creo que es mejor que los funcionarios públicos hagan sus declaraciones de patrimonio de intereses con apertura total y ojalá no invocando una ley que existe”, aseguró.
De todos modos, los datos han sido remitidos por completo tanto a la Secretaría General de la Presidencia como a la Contraloría, aunque bajo reserva desde que ingresó su declaración.
