La empresa Serviagro reconoció vínculos laborales con ocho de las nueve personas que murieron el sábado, cuando se dirigían a una faena de extracción de arándanos en Angol.
Las autoridades indicaron que el lunes recibieron un formulario de notificación de Serviagro SpA, quienes reconocieron que mantenían un vínculo laboral con 8 de las personas fallecidas más la menor de edad que sobrevivió a la tragedia, Madeleine Vallejos, de 16 años.
El seremi de Trabajo en La Araucanía, Joaquín Bascuñán, indicó que por ahora no se tiene claridad de la relación contractual que mantenía la empresa con la novena víctima, correspondiente al conductor del vehículo que transportaba a los temporeros.
La autoridad explicó que los trabajadores se dirigían al fundo Huertos San Pedro, predio que era explotado comercialmente por dos empresas: Frutos Angol y Serviagro SpA.
Bascuñán aclaró que Huertos San Pedro es sólo el espacio físico en el que se desempeñaban laboralmente los temporeros fallecidos.
Por ahora, la Seremi del Trabajo en La Araucanía desconoce las razones que la empresa tuvo para negar, en una primera instancia, la relación contractual que mantenía con las víctimas del accidente, por lo que el tema deberá ser explicado en el informe final de la investigación.
Bascuñán fue consultado por los contratos que la empresa habría mantenido con los temporeros, indicando que es un tema que debe ser aclarado, ya que se deben analizar distintos puntos.
La directora del Trabajo en La Araucanía, Maite Nuñez, indicó que la empresa no tiene registro de infracciones, agregando que a Frutos Angol se le habían encontrado algunas irregularidades con anterioridad.
En cuanto a las sanciones que arriesga la empresa, la autoridad dijo que “a simple vista va a ser multada”.
Núñez agregó que por el momento se desconoce si alguno de los menores de edad que falleció, contaba con la autorización de sus padres para trabajar.
Tanto el seremi y la directora del Trabajo en La Araucanía, confirmaron que una vez aclarada la situación contractual, se dedicarán a analizar las eventuales multas que podría arriesgar la empresa, por la falta de medidas de seguridad en el transporte de sus trabajadores.