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Decretan sobreseimiento definitivo de causa contra due√Īos de mina San Jos√©
Publicado por: Agencia Uno
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El miércoles 18 de noviembre el Juzgado de Garantía de Caldera decretó el sobreseimiento definitivo de la causa por los delitos de lesiones leves, prevaricación, cohecho y homicidio, seguida en contra de los propietarios de la mina San José de Atacama, Marcelo Kemeny Fuller y Alejandro Bohn Berenguer, y de los ejecutivos de la empresa Pedro Simunovic Fuenzalida y Carlos Pinilla Contreras.

La resolución adoptada por el magistrado Claudio Villavicencio, quien acogió la solicitud presentada por la defensa de los imputados, por encontrarse cumplido el plazo de prescripción de la acción penal de la causa iniciada en 2010, con la presentación de querellas de familiares de algunos de los 33 mineros que el 5 de agosto de 2010 quedaron atrapados a 700 metros de profundidad, tras producirse un derrumbe en el yacimiento de oro y cobre.

Las acciones legales fueron presentadas por familiares de los mineros: Ra√ļl Bustos, Mario G√≥mez, Luis Urz√ļa, Mario Sep√ļlveda, Pablo Rojas, Florencio √Āvalos, Juan Illanes, Omar Reygadas, Ariel Ticona, Pedro Aguilar, Ren√°n √Āvalos, Jimmy S√°nchez, Pablo Rojas, Jorge Galleguillos, Juan Aguilar, Osm√°n Araya, Carlos Mamani, Daniel Herrera y Johnny Barrios, a las que se sumaron, posteriormente, las presentadas directamente por Juan Illanes y Ra√ļl Bustos.

En la audiencia, el juez Villavicencio record√≥ que el Ministerio P√ļblico el 22 de julio de 2013, comunic√≥ su decisi√≥n de no perseverar en la investigaci√≥n. “La instituci√≥n que da origen a la discusi√≥n sobre sobreseimiento definitivo es aquella de la decisi√≥n adoptada por el Ministerio P√ļblico, el 22 de julio de 2013, de no perseverar en la investigaci√≥n”, sostuvo el magistrado.

Aplicando lo establecido en el inciso final del art√≠culo 248 del C√≥digo Procesal Penal, estipula expresamente entre los efectos de la decisi√≥n de no perseverar, que la prescripci√≥n de la acci√≥n penal continuar√° corriendo como si nunca se hubiera interrumpido aquella, el juez Villavicencio a√Īadi√≥ que “no puede el tribunal sino coincidir con aquel razonamiento y conclusi√≥n del ente persecutor, por cuanto no puede el tribunal en un lapso tan breve de no m√°s de 40 minutos, en que se llev√≥ a cabo la discusi√≥n de fondo sobre esta causa, valorar o discutir el m√©rito de los antecedentes que el Ministerio P√ļblico tuvo en su oportunidad a la vista y en consideraci√≥n para tomar esa decisi√≥n soberana e independiente”.

Por ello, a juicio del tribunal, atendida la naturaleza de los delitos que investigaba el Ministerio P√ļblico y la misma decisi√≥n de no perseverar, se cumplieron en el caso de todos los imputados los plazos para declarar el procedimiento por la causal de prescripci√≥n, solicitada por la defensa, inform√≥ este mi√©rcoles el Poder Judicial.

A cargo de las diligencias del caso estuvo el fiscal Héctor Mella Farías, quien en agosto de 2013, al decidir el cierre de la causa, sostuvo que se habían agotado todas las herramientas posibles para indagar en cada una de las aristas, sin conseguir de manera certera y contundente establecer alguna responsabilidad penal que perseguir en contra de quienes se mencionaban como posibles responsables del derrumbe.

La decisi√≥n del Ministerio P√ļblico consider√≥ el estudio y an√°lisis de informes t√©cnicos entregados por el Servicio Nacional de Geolog√≠a y Miner√≠a, adem√°s del sumario administrativo de la propia Contralor√≠a General de la Rep√ļblica, los que, en el √°mbito de lo estrictamente penal, tampoco fueron categ√≥ricos al momento de determinar las causas del derrumbe y los posibles responsables materiales. La investigaci√≥n contempl√≥ la toma de declaraciones a los propios mineros que permanecieron atrapados y personal administrativo de la misma empresa, adem√°s de la incautaci√≥n de documentos respecto del funcionamiento de la mina.

Todo ello se sumó a diversos informes técnicos que recibió la Fiscalía de Atacama, entre otros, de la Policía de Investigaciones, material que pasó a formar parte de una carpeta investigativa de 12 tomos y más de 20 mil páginas.

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