La justicia española consideró este martes que el arzobispado de Granada, en el sur de España, tiene responsabilidad civil en un caso de presuntos abusos a un menor cometidos por varios sacerdotes, cuyo descubrimiento conmocionó al papa Francisco.

El juez instructor Antonio Moreno de esa ciudad andaluza fundamenta su decisión, entre otras razones, en que -por su condición de sacerdotes- los imputados “dependían directamente del Arzobispado de Granada”.

“Precisamente los hechos se producen por la condición de sacerdotes de los imputados, y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la sede y casa parroquial de la parroquia”, afirma la decisión judicial.

El magistrado se limitó de momento a declarar al arzobispado como responsable civil subsidiario, precisando que la cuantía de la eventual indemnización que deberá pagar “se determinará en el momento procesal oportuno”.

La justicia abrió una investigación por abusos sexuales después de que un joven de 25 años presentará a finales de 2014 una denuncia, animado por el Papa Francisco al que había escrito contando lo que había sufrido cuando tenía entre 14 y 17 años, siendo monaguillo.

“Recibí la carta, la leí, llamé a la persona y le dije: mañana ve a ver al obispo”, contó el papa, que escribió al obispo de Granada “para que empezara el trabajo, hacer la investigación e ir adelante”, explicó el propio Francisco.

Posteriormente, al menos otra persona se unió a la denuncia de este caso, en el que inicialmente fueron imputadas 12 personas, diez sacerdotes y dos seglares, considerándose el más grave de este tipo ocurrido en España.

Sin embargo, en febrero, el juez Moreno consideró que debía “declarar la prescripción de los delitos de abusos sexuales” para once de los doce imputados.

Sólo el cura de la parroquia que frecuentaba el denunciante cuando era menor podía, en su opinión, ser juzgado.

La primera víctima había relatado abusos y violaciones de este párroco con la participación o la complicidad del resto de los imputados, que se reunían en un chalé con piscina de Granada.

La iglesia española ya había sido declarada responsable civil en algún caso similar, como en 2006, cuando el arzobispado de Madrid fue condenado a pagar una indemnización tras la condena a dos años de cárcel de un sacerdote por abusos sexuales.