El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, sometió a proceso a los siete militares involucrados en el Caso Quemados, por los delitos de homicidio calificado y homicidio frustrado. Interrogatorios y careos liderados por el juez revelaron nuevos antecedentes que contrastan con las versiones que los uniformados entregaron, en 1986, ante la Fiscalía Militar.
Todos reconocieron en los últimos interrogatorios y careos que fueron a dejar, la mañana del 2 de julio de 1986, a los dos jóvenes quemados Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri a un descampado en Quilicura, concretándose ilícitos como el homicidio calificado. Así lo detalló el abogado del departamento jurídico de Derechos Humanos del ministerio del Interior, Rodrigo Lledó.
De esta forma se fundamenta, junto a otros argumentos, la determinación del ministro en visita, Mario Carroza, de someter a proceso por el delito de homicidio calificado y frustrado a los siete militares detenidos esta semana, por su responsabilidad en el crimen de Rojas y las graves lesiones de Quintana.
Los datos recabados permitieron iniciar el proceso en contra de los ex uniformados, según explicó el juez Carroza.
Las primeras pesquisas arrojaron no sólo que los jóvenes fueron botados en Quilicura, sino también que ningún militar en retiro mantuvo la versión que entregó ante la Fiscalía Militar, en 1986.
El abogado del Ministerio del Interior, Rodrigo Lledó, se refirió a las versiones que entregaron los procesados, y dijo que con éstas se demuestra que existió una operación de encubrimiento.
Verónica de Negri, mamá de Rodrigo, se reunió con el juez Carroza y emplazó al Gobierno a degradar a los militares vinculados con delitos de lesa humanidad.
Desde la Corte Suprema, el ministro vocero, Milton Juica, aseguró que se podría avanzar más rápido en causas de Derechos humanos si se terminaran los pactos de silencio al interior de las Fuerzas Armadas.