El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, logró el martes un inusual apoyo de la oposición parlamentaria en una disputa limítrofe con Guyana, anunció la Asamblea Nacional.
En una sesión del pleno, los legisladores opositores y del oficialismo aprobaron por “unanimidad” un acuerdo para respaldar las acciones diplomáticas de Maduro en el litigio por la región caribeña del Esequibo.
Los diputados convinieron apoyar medidas que el mandatario socialista anunció en una intervención en la Asamblea el pasado 6 de julio, en cuanto que son una “muestra del compromiso revolucionario con todo el pueblo venezolano y con el respeto de los principios”, señala la declaración.
El texto avala en concreto la decisión de retomar las discusiones con Guyana a instancias de Naciones Unidas, como está previsto en el llamado acuerdo de Ginebra suscrito por ambos países en 1966.
Maduro, que había dicho temprano que quien no apoyara el acuerdo estaría “votando contra los derechos de su patria”, expresó su beneplácito y dijo que era un “documento histórico de apoyo a la reclamación”.
“Muchas gracias a todos los diputados. Más allá de las diferencias políticas, hay que gestar un poderoso movimiento de opinión pública que nos lleve a la unión nacional para defender el derecho a la paz y la soberanía”, sostuvo Maduro en su programa semanal de televisión.
Dos parlamentarios opositores acompañaron a sus colegas chavistas a entregar el acuerdo al mandatario en un colegio desde el cual transmitía el espacio, ante lo cual éste ordenó una cadena nacional de radio y televisión.
Como resultado del consenso, un congresista opositor integrará una comisión oficial que tratará los diferendos marítimos con Guyana y Colombia.
Hecho inusual
El acuerdo supone un hecho inusual en un país altamente polarizado por la situación política, y donde Maduro acusa continuamente a la oposición de conspirar para derrocarlo.
El texto “expresa la unión nacional. Hemos pasado por varias etapas, pero estamos en una compleja, peligrosa, el gobierno recientemente instalado en Guyana insiste en la provocación contra Venezuela”, destacó el gobernante.
No obstante el respaldo, diputados opositores criticaron en la sesión que el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y su entonces canciller Maduro hubieran relegado el caso del Esequibo, que representa dos terceras partes del territorio de Guyana, de 215.000 km2.
El gobernador del estado de Miranda y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, ha dicho que el gobierno desempolvó el diferendo para “desviar la atención de los venezolanos frente a los problemas que les afectan”.
Maduro enfrentará el próximo 6 de diciembre cruciales elecciones legislativas en las que, según encuestas, la oposición parte como favorita en un escenario de inseguridad, alta inflación y escasez de al menos dos tercios de los productos básicos.
La declaración de apoyo también “rechaza categóricamente los comunicados y declaraciones del gobierno de Guyana debido a que constituyen una provocación y atentan contra la diplomacia bolivariana de paz”.
Asimismo, denuncia la “política de dominación internacional que protagonizan la transnacional petrolera Exxon Mobil y los aparatos políticos de Estados Unidos, que pretenden violentar la soberanía nacional y dignidad del pueblo venezolano, utilizando al gobierno de Guyana”.
Maduro reiteró que detrás de esta “provocación” está la compañía estadounidense, que recientemente anunció un importante hallazgo de hidrocarburos, según Caracas en la zona en disputa donde Georgetown le otorgó una concesión.
Guyana, una ex colonia británica, sostiene que la frontera entre los dos países fue definida en 1899 por un tribunal de arbitraje establecido después de una crisis que llevó a Estados Unidos a intervenir en favor de Venezuela contra Gran Bretaña.
Pero Caracas nunca ha reconocido la línea y considera “nulo e írrito” ese laudo, al tiempo que insiste en que la disputa se dirima mediante la figura del buen oficiante, como establece el acuerdo de Ginebra.
En tanto, Guyana sostiene que los buenos oficios de la ONU no han dado frutos, por lo que a su juicio la única opción disponible sería llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.