Internacional
Presidente Humala en pol√©mica con Corte IDH ante pr√≥xima sentencia sobre Per√ļ
Publicado por: Agencia AFP
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El presidente Ollanta Humala, asegur√≥ el viernes que no dar√° “ni un sol a terrucos (terroristas)”, as√≠ se lo mande la Corte-IDH, en momentos en que el estado peruano espera una sentencia referida a presuntas ejecuciones extrajudiciales de guerrilleros en 1997.

“Lo que le puedo decir a la corte (Interamericana de Derechos Humanos) y al pa√≠s, es que no voy a dar ni un sol (moneda peruana), no voy a soltar ni un sol, a los terrucos ni a sus familiares”, dijo Humala a la prensa.

“El estado no va a pagar ni un sol, as√≠ me lo mande la corte. No voy a pagarle plata a los que asesinaron a nuestras familias y enlutaron al pa√≠s”, agreg√≥ el presidente, un ex militar que luch√≥ contra las guerrillas en 1990.

Los comentarios de Humala se dan luego de que el flamante miembro de la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el jurista peruano Francisco Egiguren, consider√≥ que el pa√≠s podr√≠a perder el caso, cuya sentencia se conocer√≠a este a√Īo.

En una operaci√≥n militar el 22 de abril de 1997, que el entonces presidente Alberto Fujimori denomin√≥ “Chav√≠n de Huantar”, un comando de militares peruanos recuper√≥ la residencia del embajador del Jap√≥n en Lima, que hab√≠a sido tomada por 14 miembros de la organizaci√≥n Movimiento Revolucionario T√ļpac Amaru (MRTA), el 17 de diciembre de 1996.

La operación, que puso fin al cautiverio de 72 rehenes, dejó 17 muertos, entre ellos un rehén, dos militares y los 14 guerrilleros del grupo guevarista MRTA.

Seg√ļn organizaciones de derechos humanos, tres de ellos fueron ejecutados cuando ya estaban rendidos.

Familiares de los secuestradores denunciaron en 2002 que hubo ejecución extrajudicial, pero la justicia desestimó la demanda en 2004. El caso llegó entonces a la CIDH, con sede en Washington, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que lo derivó a la Corte-IDH.

Per√ļ rechaz√≥ en 2012 el calificativo de “grupo insurgente” que la CIDH le dio al MRTA en diciembre del 2011, al explicar los motivos por el que elev√≥ el caso a la Corte, con sede en San Jos√©.

“Pretendemos que se se√Īale si hubo o no violaciones del derecho a la vida y si el estado permiti√≥ una debida investigaci√≥n. Cuestionamos que, desde nuestro punto de vista, habiendo rendidos, se haya violentado el derecho a la vida de estas personas”, dijo el viernes a canal N la abogada de DDHH, Gloria Cano, que representa a los familiares.

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