Este viernes se conoció que la Fiscalía de la Zona Oriente, remitió al Servicio de Impuestos Internos (SII) un informe que consta de 71 páginas y 20 contratos de forward firmados entre 2008 y 2012, por una cifra cercana a los 120 mil millones de pesos, supuestamente irregulares entre el holding Penta y CB Consultorías y Proyectos S.A, firma propiedad del grupo Cruzat.

El informe fue entregado por la defensa de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano a la fiscalía.

Pero, ¿qué es un contrato forward?

Es un contrato entre dos partes, en el cual ambos involucrados comprometen el intercambio de un activo específico o un índice de precios sobre un activo determinado, a futuro, con un precio que se estipula de forma anticipada.

Es decir, una parte se compromete a comprar y la otra a vender, en una fecha futura, un monto o cantidad acordado del activo previamente, a un precio que se fija en el presente, tal como indica el

Este tipo de contratos de utiliza comúnmente para cubrir riesgos del mercado y eventualmente resultarían atractivos para inversionistas dispuestos a asumir riesgos a cambio de una posible ganancia.

De acuerdo a lo que señala el informe, las presuntas operaciones de carácter irregular habrían sido firmadas por Antonio, Nicolás y Rodrigo Cruzat Valdés. Además se indica que estos contratos habrían sido firmados por los ex gerentes del grupo Penta, Axel Azancot, Iván Rojas Bravo, Martín Rasmussen y Mauricio Pinto.

En las declaraciones de Hugo Bravo el pasado 30 de enero, Pinto habría desempañado un rol fundamental en las operaciones irregulares entre Penta y el holding Cruzat.

Con el envío del informe el SII podrá analizar los resultados de las operaciones y definir realizarán una denuncia a la fiscalía o si interpondrán una querella por delito tributario, tal como consigna La Tercera.

Cualquiera de estos dos escenarios le entregaría la facultad al Ministerio Público para investigar los eventuales ilícitos.

De todas formas, desde el grupo Penta, reconocen que los documentos pactado evidencian millonarias cifras, pero que debido a las pérdidas reales que se habrían producido debidos a los contratos forward, en los años comprendidos entre 2008 y 2012, no alcanzan la suma indicada de $120 mil millones de pesos, sino, que los dineros rondarían los 300 millones de pesos anuales, lo que significa 1.500 millones en los 5 años.

Cabe destacar que actualmente el Ministerio Público se encuentra realizando las indagatorias si este mecanismo habría permitido la rebaja de impuestos y obtener obtener liquidez para la firma, ya que recordemos que en la declaración de Bravo, de esa forma se habrían pagado bonos a los ejecutivos.