La Corte Suprema expresó mediante una declaración pública que, en relación a la demanda ante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los ex oficiales de la FACH condenados por traición a la patria y sedición -entre ellos considerado el general Alberto Bachelet-, se dispuso “una defensa del Estado con la entrega de todos los antecedentes requeridos”.
En el texto, titulado “Corte Suprema reafirma su política de máxima colaboración en asuntos de derechos humanos”, se establece que fue solicitado “que estos procesos fueran coordinados por un funcionario de alto nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores” y que se pidiera “al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que se preocupara de estos temas”, lo que fue acogido por el organismo, que designó a Rodrigo Quintana para estos efectos.
Por tanto, agrega al comunicado del máximo tribunal, “el Consejo de Defensa del Estado, a través del señor Quintana, efectivamente participó en la defensa coordinada de los intereses del país en todos los casos que tuvieran relación con los tribunales internacionales, y cada vez que se le requirió información al Poder Judicial, esta fue entregada sin dilación”.
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En lo estrictamente relacionado con el caso de los ex uniformados de la Fuerza Aérea, se indica que “el presidente de la Corte Suprema recibió tanto al presidente del CDE y consejero señor Rodrigo Quintana, como al ministro de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz”, y que “el Canciller señaló en la audiencia que la defensa del Estado se efectuaría con los mayores estándares y antecedentes de que se dispusiera en un plano de estrecha colaboración, en todo lo cual está empeñado el gobierno y el Poder Judicial”.
“No existió, por lo tanto, ningún planteamiento negativo por parte del señor ministro de Relaciones Exteriores en torno a los postulados efectuados por la Corte Suprema y por su presidente, sino que todo lo contrario, valoró la preocupación permanente del máximo tribunal por estas materias, en lo que correspondía tener una labor colaborativa de las distintas autoridades del Estado”, añade.
Finalmente explica el comunicado que la Corte Suprema “puso a disposición del gobierno todos los antecedentes solicitados para la contestación de la demanda interpuesta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ex oficiales de la FACH, tal como lo ha hecho en otros casos, defensa que por mandato constitucional le corresponde al Ejecutivo“.
