Chile quedó como uno de los países que menos esfuerzos ha realizado para combatir los sobornos de sus empresas en el exterior, según el último informe “Exportando corrupción” de Transparencia Internacional publicado este jueves.
De acuerdo al estudio, nuestro país integra el grupo de 22 naciones que no han hecho algo para detener la corrupción, en el sentido de impedir que sus empresas recurran a sobornos para conseguir vender sus productos o servicios en el extranjero según indica el informe publicado en la web de la ONG.
De esta forma, Chile comparte el ranking con otros países como México, Colombia y Brasil, además de Japón, Israel y Corea del Sur; mientras que de los europeos aparecen Rusia, España, Bélgica, Irlanda, Polonia, Turquía, Dinamarca, República Checa, Luxemburgo, Eslovaquia, Grecia, Eslovenia, Bulgaria y Estonia.
Estos países acaparan el 27% de las exportaciones mundiales.
Más arriba en el ranking aparecen quienes de forma “leve” están trabajando en el tema. Dicho grupo está integrado por Argentina, como único representante latinoamericano, junto a Francia, Suecia, Noruega, Hungría, Portugal, además de Sudáfrica y Nueva Zelanda.
Por otro lado, 5 economías han aplicado la convención de forma “moderada”: Australia, Austria, Canadá, Finlandia e Italia.
En el tope, en tanto, están sólo cuatro países, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Suiza, quienes según el informe se encuentran “activamente investigando y persiguiendo a empresas que engañan a los contribuyentes cuando sobornan a funcionarios extranjeros para lograr o inflar contratos, obtener licencias y concesiones”.
Se trata de la Convención para Combatir el Cohecho en el extranjero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a partir de la cual la Organización No Gubernamental Transparencia Internacional (TI) elabora un informe anual.
Un total de 41 países han firmado esta convención, donde destaca la ausencia de China que es el mayor país exportador del mundo.
El presidente de TI, el peruano José Ugaz, analizó los resultados denunciando que a pesar de cumplirse 15 años desde que la convención entró en rigor, gran parte de los países firmantes no han hecho mayor esfuerzo por atacar la corrupción.
En ese sentido, se alude a que no existe el “respaldo político” y además se privilegia el “interés económico nacional” frente a la lucha contra la corrupción.