El gobierno venezolano consideró este jueves favorable el fallo de CIADI, órgano de arbitraje del Banco Mundial (BM), por el que deberá cancelar 1.600 millones de dólares a la estadounidense ExxonMobil como compensación por la expropiación de sus activos en 2007.

“El CIADI ha rechazado las pretensiones exageradas de ExxonMobil, poniendo fin a las especulaciones infundadas que han venido circulando por varios años de que la república tendría que pagar miles de millones de dólares, confirmando que el nivel de compensación buscado siempre ha sido exhorbitante”, manifestó el canciller Rafael Ramírez.

Ramírez aclaró que a la cifra habría que descontarle 907 millones de dólares pagados por Venezuela en 2012, por el juicio asociado al megaproyecto Cerro Negro, desarrollado en la Faja del Orinoco (sur), una zona rica en petróleo pesado.

“El monto total de la compensación determinado por el tribunal arbitral por los antiguos proyectos Cerro Negro y La Ceiba (occidente) es de 1.591 millones de dólares, que no guarda relación alguna con las pretensiones irrazonables de Exxon Mobil en este caso, que ascendían a alrededor de 20.000 millones de dólares”, dice el comunicado oficial.

Este jueves se anunció la decisión del órgano CIADI por la que Venezuela deberá pagar USD 1.600 millones a ExxonMobil, monto también corresponde a la indemnización por las prohibiciones del gobierno venezolano a las exportaciones de la compañía en 2006 y 2007.

El caso se remonta a 2007, cuando el gobierno del difunto expresidente Hugo Chávez (1999-2013) realizó numerosas expropiaciones en el sector petrolero, que luego se extenderían a amplios sectores de la economía.

Venezuela, el país con las mayores reservas mundiales de crudo, aumentó a partir de ese año la participación estatal en la propiedad de los proyectos en la Faja del Orinoco.

Algunas empresas decidieron quedarse con las nuevas condiciones, pero las estadounidenses ExxonMobil y Conoco Phillips abandonaron los proyectos y entablaron millonarias disputas contra Caracas.

Venezuela, país con más demandas en curso ante el CIADI, se retiró de este órgano en 2012, al cuestionar su imparcialidad.

La mayor parte de las demandas contra Venezuela en el CIADI son de empresas extranjeras que exigen ser indemnizadas por las nacionalizaciones de sus activos decretadas por el gobierno de Chávez, fallecido el año pasado.