El Servicio de Impuestos Internos presentó este miércoles en la Fiscalía Metropolitana Oriente una denuncia en contra de los representantes legales de Empresas Penta para que se les investigue como presuntos autores de delito tributario, por la utilización indebida de boletas de honorarios y facturas falsas.

Con esta acción legal contra los dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, el Ministerio Público podría profundizar en la investigación penal del caso y avanzar en su arista política, que apunta al presunto financiamiento irregular de campañas políticas, donde pudieron ser utilizados los documentos falsos aquí mencionados.

La acción penal denuncia también la rebaja indebida de la base imponible de su Impuesto de Primera Categoría, mediante el uso de facturas falsas, que dan cuenta de servicios de asesorías que no se realizaron, por montos que superan los $2.000 millones, en los Años Tributarios 2009 y 2010.

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La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público y además de perseguir la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas, apunta también a personas que, de acuerdo a los antecedentes obtenidos, facilitaron en forma reiterada el delito a través de la entrega de boletas de honorarios o facturas falsas por trabajos o servicios que no se realizaron o prestaron. Asimismo, se dirige en contra de todas las demás personas que resulten responsables, como autores, cómplices o encubridores de los ilícitos denunciados.

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De acuerdo con los antecedentes analizados hasta el momento por fiscalizadores y abogados de la Subdirección Jurídica del Servicio, como resultado de estas maniobras, fueron incorporados como gasto a la contabilidad de las empresas aludidas un total de 258 documentos falsos, entre facturas no afectas o exentas de IVA y boletas de honorarios, por un monto líquido de $ 615.745.236.

Según señaló el SII en un comunicado, respecto a las personas que figuran como emisores de facturas o de boletas de honorarios, las cuales no han sido incluidas de forma nominativa a la denuncia, el Servicio ejercerá oportunamente sus facultades, según el mérito de los antecedentes que arroje el avance de la investigación.

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De acuerdo al organismo, la acción legal se funda en el análisis de los antecedentes remitidos mediante oficio por la propia Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Región Metropolitana Oriente al SII, y el monto definitivo del perjuicio fiscal deberá ser determinado en el transcurso de la investigación.

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