Por primera vez el Estado ecuatoriano, acatando un fallo internacional, se disculpó con una comunidad indígena por violar sus derechos al autorizar sin su consentimiento actividades petroleras en territorios ancestrales de la Amazonia a finales de los años 90.
Una delegación gubernamental encabezada por las ministras de Justicia, Ledy Zúñiga, y de Ambiente, Lorena Tapia, viajó hasta el territorio Sarayacu, en la provincia de Pastaza (200 km al sureste de Quito), para cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en 2012 a favor de los indígenas.
“Reciban las disculpas públicas en nombre del Estado ecuatoriano por todos los atropellos que sufrió el pueblo sarayaku; los más graves atropellos sufridos en gobiernos anteriores”, dijo Zúñiga ante decenas de nativos, observó un periodista de la AFP.
Asentada en un territorio de 2.800 km2, la comunidad de unos 2.600 indígenas reclamó por el riesgo al que fue expuesta por los explosivos sembrados durante la fallida actividad petrolera, y por haber sido ignorada por las autoridades durante el proceso de concesión del bloque.
“Esperamos que este acto sea de buena fe porque en castellano se dice perdón, y en quichua kispichiway. La Amazonía es el pulmón del mundo y cómo es posible que lo destruyamos. Esperamos que no se vuelva a repetir”, dijo Narcisa Gualinga, dirigente del consejo de sabios de los sarayakus.
En 1996, Ecuador autorizó a la Compañía General de Combustibles (CGC), de capital argentino, a explotar petróleo en territorio sarayaku sin consultar previamente a los indígenas.
La comunidad se declaró en resistencia y libró una dura lucha, que incluyó la retención de trabajadores petroleros, hasta que forzó a la empresa a abandonar la zona y desistir definitivamente del proyecto en 2009.
Un año después el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su fallo el tribunal, con sede en Costa Rica, consideró que el Estado ecuatoriano violó las garantías de los indígenas por negarles el derecho a la consulta, y le ordenó ofrecer perdón y retirar los explosivos enterrados en su territorio.
Asimismo, los indígenas recibieron una compensación de 1,2 millones de dólares, según el ministerio de Justicia.
Se calcula que la petrolera enterró casi una tonelada y media de pentólita, y que apenas fue retirada el 1%. El gobierno de Rafael Correa, en el poder de 2007, dijo que gran cantidad de explosivos fue desenterrada y vendida por los indígenas, lo que es rechazado por los dirigentes.
Los indígenas destacaron el gesto de las autoridades. “Es un momento histórico para pueblos indígenas de las Américas. Es la primera vez que un Estado reconoce que actuó mal y ha pedido humildemente disculpas”, dijo Mario Melo, abogado de los sarayakus, durante el acto.
El gobierno de Correa, que insistió en que no tiene ninguna responsabilidad en el caso Sarayaku, enfrenta la férrea oposición de un sector indígena que rechaza sus planes petroleros y mineros.
