Los consejeros regionales del Bío Bío clarifican sus posiciones respecto al informe que demuestra desorden en los proyectos aprobados por el organismo durante los últimos años. Al respecto hay un consenso transversal de que esto debe investigarse, incluyendo a todas las instituciones que participan en la ejecución de las iniciativas financiadas.

El desorden administrativo y falta de fiscalización de los proyectos aprobados por el CORE que dejó en evidencia el trabajo de comparación de datos del consejero Edmundo Salas como presidente de la Subcomisión de Presupuesto genera preocupación en el propio Consejo Regional.

El democratacristiano lamenta que a pesar de la gravedad de los hechos, las respuestas no han dado paso a acciones concretas, y una investigación a lo menos de la Contraloría es urgente.

En la misma línea de aclarar los hechos, el consejero RN Gabriel Torres anunció que tomará la iniciativa de solicitar a la subcomisión de Presupuesto junto con la subcomisión de Fiscalización que se coloquen todos los antecedentes de este arrastre a Contraloría y de ser necesario se persigan los delitos, si los hubiere.

Investigación necesaria, apuntó el consejero socialista Juan López, pero que debe ampliarse a los organismos responsables como ejecutores de los proyectos, que son las Seremías y los municipios.

El UDI Emilio Armstrong insistió primero en que el CORE debe, a su juicio, “dejar de hacerle la pega a los Ministerios” y fomentar el emprendimiento. Y respecto al informe en particular, cree que pueden existir decisiones políticas para alterar las cifras y dar señales.

Proyectos que retrocedían en vez de avanzar, recursos asignados que no se habían devuelto por los municipios desde hace años a pesar de que las obras no se terminaban, son parte de las extrañas prácticas que dejó en evidencia la revisión de antecedentes, y que ahora necesita de una auditoría externa de la Contraloría.