La Corte Constitucional de Colombia ratificó este miércoles la posible participación en política de los guerrilleros que abandonen las armas al cabo de un proceso de paz, con excepción de los acusados de crímenes de lesa humanidad y genocidio, indicó en un comunicado.
La enmienda, conocida como Marco Jurídico para la Paz y que había sido aprobada por el Congreso en 2012, fue respaldada por seis de los nueve magistrados de la Corte, la entidad judicial que vela por la integridad de la Carga Magna.
La Corte se pronunció así sobre la demanda presentada por el exviceministro de Defensa Rafael Guarín, que buscaba declarar inconstitucional la enmienda por considerar que quienes hayan cometido atentados y acciones de narcotráfico, además de crímenes de guerra, no deben estar habilitados para ejercer cargos públicos.
El máximo órgano judicial constitucional declaró “exequible” el Marco Jurídico para la Paz, que habilita la postulación de los guerrilleros y desmovilizados fruto de un proceso de paz, siempre y cuando no constituyan “crímenes de lesa humanidad o genocidio, cometidos de forma sistemática”.
“Para la Corte, en el contexto de la justicia transicional que supone medidas excepcionales justificadas en la búsqueda de la paz, la participación en política de miembros de actores del conflicto en el escenario del postconflicto resulta herramienta útil para la consolidación de la democracia y del régimen constitucional vigente desde la Carta Política de 1991″, señaló el comunicado.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha impulsado esta reforma por considerarla base jurídica para el proceso de paz que adelanta desde noviembre de 2012 en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), y que busca iniciar además con el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN).
