El 25 de noviembre se abrieron sendas investigaciones en la Fiscalía y en la Corte de Apelaciones de Santiago contra dos notarios por presuntas irregularidades en la validación de firmas para poder inscribir las candidaturas independientes de Franco Parisi y Tomás Jocelyn-Holt.
Lo anterior, no gracias a la fiscalización del Ministerio Público o del Poder Judicial, sino basadas en un reportaje del diario El Mercurio, cuyos periodistas se dieron el tiempo de revisar el trabajo de los notarios que prestaron servicios a estos abanderados: en el caso de Parisi, Roberto Mosquera, y de Jocelyn-Holt, la notaria Gloria Acharán.
Se comenzó con las propias confesiones de ambos que era imposible estar de manera presencial al momento de la firma de cada adherente, lo que ya constituiría una infracción a la ley de Votaciones Populares y escrutinios, situación que podría ser discutida por una interpretación a la norma que varios notarios y jueces apoyan. Incluso hay medios tecnológicos, como el registro biométrico que utilizan algunas notarías, para validar documentos sin ver al público.
Sin embargo, al andar de ambas investigaciones, la disciplinaria y la penal, se ha revelado la presunta adulteración de firmas, es decir, rúbricas que no coinciden con la identidad del adherente a la candidatura o definitivamente personas que dicen que no apoyaron al candidato y aparecen en las listas.
Esto último podría constituir el delito de “Falsificación de Instrumento Privado”, cuya arista ya está investigando el fiscal Marcelo Carrasco.
Este persecutor, de querer llevar a juicio a los responsables de este delito, tendrá una gran tarea, ya que no se trata sólo de decir que la firma es falsa, sino que se verá obligado a ordenar peritajes por cada caso. Si eventualmente, entre las candidaturas de Parisi y Jocelyn-Holt, se detecta medio millar de estas irregularidades, los peritos podrían tardarse un año o dos realizando los informes para cada firma.
