El presidente Sebastián Piñera decidió dar suma urgencia al proyecto de ley que moderniza las notarías en el país, en medio de la controversia por las legalizaciones de firmas de los ahora ex candidatos presidenciales independientes, Franco Parisi y Tomás Jocelyn-Holt.
Los cuestionamientos a los notarios fueron parte de los temas del comité político que tradicionalmente se desarrolla los lunes en el palacio de gobierno, análisis que derivó en que el mandatario instruyera al ministro Secretario General de la Presidencia, Cristian Larroulet, a aplicar la suma urgencia al proyecto de ley que comprometió el 21 de mayo de 2012, que busca fortalecer y modernizar el trabajo de las notarías, como también fiscalizar el trabajo de los ministros de fe.
Al respecto, la ministra vocera Cecilia Pérez, señaló que “lo que nosotros estamos haciendo como gobierno es fortalecer el rol de las notarías y por eso hemos presentado dos proyectos de ley que hoy día se encuentran en la Cámara de Diputados, uno que apunta a perfeccionar los procedimientos, los mecanismos de las notarías del país y el otro que apunta a poder ampliar la posibilidad de existir mayor cantidad de candidatos en el nombramiento de los notarios”, detalló la vocera de La Moneda, tras lo cual descartó responsabilidad del Servel en el tema.
“Lo que dice el presidente del Servel, Patricio Santamaría, tiene razón. Ellos no tienen la facultad para poder investigar las firmas. Ellos dan cuenta y aceptan lo que dice un ministro de fe que son los notarios de nuestro país”, indicó Pérez.
“Si ahí algo falló eso lo deben investigar los ministros visitadores de cortes de Apelaciones, si eventualmente existió un ilícito iniciar los sumarios y si es así estaríamos en presencia de un delito de acción pública; por lo tanto, se puede proceder a petición de partes. Lo puede hacer cualquier ciudadano o de oficio de parte del Ministerio Público”, expresó la secretaria de Estado.
Recordemos que un proyecto al recibir la suma urgencia tiene un plazo de 15 días para su trámite en el Congreso, siempre que cuente con los quorum necesarios.
La iniciativa se fundó, según el Gobierno, en la necesidad de modernizar el trabajo de las notarías y conservadores de bienes raíces, para facilitar los trámites y bajar los costos, exigiendo el uso de sistemas digitales de almacenamiento de información, correo y firma electrónica avanzada, para que los usuarios puedan realizar trámites a distancia.
Además, el proyecto contempla que se pueda recurrir al Sernac cuando el usuario no esté de acuerdo con algún procedimiento, o cuando se haya cometido alguna irregularidad. En esa misma línea, se pretende aumentar las fiscalizaciones a cargo de la Corte de Apelaciones.
