El legislativo venezolano aprobó este martes los superpoderes pedidos por el presidente Nicolás Maduro para llevar adelante su “guerra económica” contra la burguesía y asegurar el “orden económico de transición al socialismo”.

“Se declara sancionada la ley que autoriza al presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se le delegan”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, luego de casi cuatro horas de debates y votación artículo por artículo.

A menos de tres semanas para las cruciales elecciones municipales, Maduro recibe poderes especiales para gobernar por decreto durante un año en temas relacionados con la economía y la lucha contra la corrupción.

Al salir del Congreso, Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo, acompañó a los cientos de chavistas concentrados -algunos con pancartas con el rostro del difunto presidente Hugo Chávez- en una marcha hacia el presidencial Palacio de Miraflores, donde le entregó el texto de la ley a Maduro.

Tras firmarlos, el mandatario anunció que lanzará “una ofensiva estremecedora contra la corrupción a partir de enero de 2014″ e insistió en que sus primeras medidas serán fijar márgenes máximos de ganancia en las cadenas productivas y controles más estrictos a la venta de dólares a precio oficial, con un “contrato de fiel cumplimiento de cuánto va a traer y cómo lo van a vender”.

Los poderes especiales son una medida contemplada por la Constitución venezolana y que, pese a su carácter excepcional, fueron otorgados a todos los jefes de Estado de los últimos 40 años, entre ellos Chávez, quien en cuatro ocasiones sancionó más de 200 leyes mediante este procedimiento.

Maduro, electo el 14 de abril por escaso margen tras la muerte de Chávez, enfrenta una inflación de 54% anual, el desabastecimiento de algunos productos básicos y una caída de las reservas, mientras en el ilegal mercado paralelo, el dólar cotiza nueve veces por arriba del cambio oficial.

“Persecución política”

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) afirmó este martes en un documento que el gobierno “quiere mayores poderes para acentuar la persecución política y criminalizar las fuentes constitucionalmente lícitas de financiamiento para la oposición”.

Otra intención de la ley “ha sido la de hacer creer que el gobierno de Nicolás Maduro no es el principal responsable de los problemas económicos y sociales que sufren los venezolanos”, agregó la MUD.

Tras señalar a una economía golpeada por la corrupción y que marcha hacia la estatización, la MUD dijo que, “como expresión de ese fracaso, sobresale una profunda crisis fiscal reflejada en un déficit (…) que según cálculos conservadores alcanza a 14% del PIB en 2013″.

La “Ley Habilitante” fue aprobada por el piso marcado por la Constitución, de tres quintos de los escaños del Congreso unicameral (99 de 165 diputados), cifra que el oficialismo pudo alcanzar luego que destituyera por cargos de corrupción a una exmilitante pasada a la oposición.

“No me parará nadie”

Maduro, quien ha ordenado rebajas compulsivas de precios a muchos comercios y desplegado tropas para custodiar algunas tiendas, insiste desde hace semanas que con los poderes especiales “no me parará nadie”.

Documentos oficiales del gobierno entregados a la prensa afirman que la “Habilitante” dará el marco regulatorio que “blindará el nuevo orden económico interno de transición al socialismo”.

Pero Maduro rechaza que eso apunte a una colectivización ya que “la Constitución garantiza las más amplias libertades de actividad económica, no de especulación”. “Nuestro modelo socialista incluye la libertad económica en diversas actividades”, dijo.

Esta ofensiva, denominada por Maduro como una “guerra económica contra la burguesía y el imperialismo”, generó rechazo entre los empresarios, que advierten sobre el riesgo de mayor escasez de productos y menor inversión, en el país con las mayores reservas mundiales de crudo.

“Vamos a tener un primer trimestre en 2014 bastante malo en inventarios de productos, en escasez y en inflación”, aseguró el presidente de la patronal Fedecámaras, Jorge Roig.

La guerra económica y el otorgamiento de poderes especiales coinciden con una caída en la evaluación de la gestión de Maduro, que llega al 53% de opiniones negativas, frente a un 34% al comienzo de su gestión, según un sondeo del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD), realizado sobre 1.200 personas entre el 2 y el 11 de noviembre.