El fiscal nacional, Sabas Chahuán, afirmó que la grabación ilegal contra el fiscal que investiga la presunta red de corrupción al interior de la PDI, Emiliano Arias, tendría fines de extorsión.
El Ministerio Público manifestó su completo respaldo al fiscal a cargo de investigar la presunta red de corrupción al interior de la Policía de Investigaciones, Emiliano Arias, quien fue grabado ilegalmente por los detectives que cumplen prisión preventiva, en el contexto de una conversación que sostuvieron con el persecutor.
La revelación sobre el inédito espionaje se conoció una semana después de que se descubriera la singular pérdida de las interceptaciones telefónicas, realizadas a los detectives acusados por Arias, por parte del OS-9 de Carabineros, y a días de la audiencia, en que la justicia podría decidir si siguen en prisión preventiva o quedan libres para reincorporarse a su institución.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, aseguró que la grabación de la que fue objeto el fiscal Emiliano Arias, es completamente ílegal, ya que tendría por fin extorsionar al persecutor.
Esta apreciación fue compartida por el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, quien además aseguró que respaldarán al fiscal Emiliano Arias, en las posibles acciones judiciales que podría efectuar por este ilícito.
En La Moneda, luego de la una reunión que sostuvo durante esta tarde, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, con el general director de Carabineros, Gustavo González Jure, le informó que la entidad dispuso de un superior jerárquico para tener un mejor control y un sistema más eficiente, respecto a las diligencias ordenadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En ese sentido, Chadwick precisó que la institución no ha realizado un “mea culpa” por la pérdida de escuchas telefónicas de los detectives acusados, al manifestar que Carabineros ha colaborado en la investigación.
En tanto, la indagación sobre la grabación ilegal que realizaron los detectives al fiscal Emiliano Arias, quien recordemos que en ese momento admitió que autorizó llamadas anónimas para forzar el allanamiento de inmuebles, bajo sospecha de narcotráfico, está a cargo del fiscal de la zona Centro Norte, Andrés Montes.