El Gobierno anunció los pasos que decidió seguir para afrontar el problema derivado de los falsos exonerados que corroboró la Contraloría en una revisión de nueve mil casos y en la que detectó que al menos tres mil eran falsos. Sobre esto dictaminó que el pago de los beneficios era improcedente.
Junto a la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, dio cuenta que se ampliará la denuncia que realizara hace un año ante el Ministerio Público para que se investigue a fondo la situación, con el reciente informe del órgano fiscalizador.
“El señor ministro (Chadwick) pidió a los abogados que amplíen la denuncia que yo hice hace un año atrás al Ministerio Público y que pongamos a disposición, en esa ampliación de denuncia todos los antecedentes entregados por la Contraloría y los nuevos antecedentes que hemos recabado desde el 9 de mayo cuando recibimos el informe de Contraloría (…) La voluntad del gobierno es revocar estas exoneraciones”, enfatizó Ubilla.
Matthei, junto con anunciar un proceso de revisión administrativo, para suspender a partir de ahora 700 casos de pagos previsionales que son improcedentes, informó que el director del Instituto de Previsión Social IPS se querellará por fraude al Fisco contra quienes resulten responsables por haber autorizado esta irregularidad e ilegalidad.
“Se ha iniciado el proceso para materializar la suspensión de beneficios a todas aquellas personas que lo han obtenido de forma irregular y que están dentro del plazo respecto del cual el IPS tiene competencia para actuar administrativamente, es decir los últimos dos años. Estos casos podrían llegar a 700″ dijo la autoridad, quien precisó además la decisión de querellarse a través del organismo previsional.
Junto a esto el director del IPS ha tomado la decisión de iniciar acciones legales con el fin de determinar las responsabilidades penales. Las querellas serán por el delito de fraude al fisco y se dirigirán en contra de todos quienes resulten responsables. El proceso para materializar la suspensión se inicia a partir de hoy”.
La Contraloría tendrá un rol clave para esclarecer cuál es el camino administrativo, para que el Gobierno pueda revertir el pago de los beneficios a la totalidad de falsos exonerados, según explicaron las autoridades porque la ley establece un plazo de dos años de prescripción de actos administrativos, pero se quiere dejar sin efecto el pago a la totalidad de casos ilegales que sean detectados , más allá de ese plazo legal.
