La judicialización de los proyectos o iniciativas energéticas sería el único punto en común entre lo ocurrido con la Central Castilla y lo que se está gestando a raíz de la termoeléctrica en Punta Alcalde. De acuerdo a expertos en institucionalidad medioambiental, el que estos procesos deban definirse en tribunales muestra las debilidades de la normativa actual.

El recurso de protección interpuesto por los vecinos de Punta Alcalde en contra de la aprobación del proyecto termoeléctrico de Endesa muestra una tendencia regular en la creación de iniciativas empresariales que tienen conflictos con las comunidades locales y su entorno.

De acuerdo al representante de la Brigada SOS Huasco, Juan Carlos Labrín, la institucionalidad medioambiental está hecha para no escuchar a las personas, por lo que se termina obrando a espaldas de la sociedad.

Por otra parte, Juan Carlos Morales considera como un buen antecedente el proceso que protagonizó junto a los vecinos de Totoral contra la central termoeléctrica Castilla. La tercera sala de la Corte Suprema resolvió que MPX, empresa del brasileño Eike Batista, debía realizar un nuevo estudio de impacto ambiental, por lo que el proyecto se detuvo.

La principal crítica de Morales establece que estos proyectos se instalan sin pensar en el resto de las empresas que están contaminando en el sector, cosa que es lo que está pasando justamente en Punta Alcalde.

Álvaro Toro, abogado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) que representó a los vecinos de Totoral y ahora representa a la gente de Punta Alcalde, asegura que como las cosas están hoy, todo apunta a que se busca la aprobación a toda costa de estos proyectos, no importa lo malos que estos sean.

De acuerdo a Álex Godoy, director del Magíster en Sustentabilidad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, lo que se vio con Castilla y lo que probablemente se verá respecto de Punta Alcalde corresponde a como no debieran avanzar estos procesos. Esta judicialización de los proyectos termina definiendo la viabilidad de las iniciativas, donde prevalece más un carácter de pruebas frente a un tribunal, más que los méritos técnicos.

El experto, además, afirma que es muy probable que esta tendencia continúe en la medida de que no se desarrolle una institucionalidad sólida, y que no entren en vigencia los tribunales medioambientales, los cuales debieran operar desde este año.